El lema que llevan Noelia Aguilar y Gilberto Ramos a cada plantón, a cada puerta que tocan –como el Congreso de la Ciudad de México– lo dice todo: debo, no niego, pago lo justo. No es una consigna de quien pretende no pagar. Es el reclamo de quienes llevan años pagando y descubren que su deuda no baja, que se multiplica, que el crédito que les otorgó el Instituto de Vivienda –hoy Secretaría de Vivienda– los está hundiendo en vez de sacarlos del hoyo.
Noelia Aguilar y Gilberto Ramos son dirigentes del Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco. Llevan quince y treinta y seis años, respectivamente, en el movimiento urbano popular, gestionando vivienda para las familias que menos tienen en esta ciudad. No son improvisados. Y lo que denuncian no es una anomalía reciente: es un vicio estructural de nacimiento en la entonces institución, un diseño de cobros que hace que quien recibe un crédito de vivienda de interés social termine pagando hasta cuatro veces el monto original del préstamo.
La mecánica es la siguiente. La Secretaría de Vivienda actualiza los créditos con base en Unidades de Medida y Actualización –las UMAS–, lo que significa que la deuda crece año con año con independencia de lo que el acreditado pague. El resultado, documentado en decenas de expedientes que las organizaciones llevan a cada reunión, es que a los diez, quince, veinte años de estar pagando puntualmente, la deuda no se reduce: en muchos casos es mayor que al inicio. Interés sobre interés, le llama Noelia. El INVI, dice, operaba con la apariencia de no cobrar intereses. La realidad es otra.
No es un problema pequeño. La propia Secretaría de Vivienda, en voz de su titular, ha reconocido que la cartera vencida alcanza el 72%. Gilberto Ramos lo repite con la precisión de quien lleva meses analizando los números: setenta y dos por ciento. Y en lugar de escuchar la propuesta que las organizaciones llevan sobre la mesa –sustituir el esquema de UMAS por un dos por ciento de interés mensual sobre saldos insolutos, una fórmula que haría visible la disminución del crédito y capitalizaría a la institución– el gobierno los recibe con reuniones que se diluyen, con funcionarios que cambian cada sesión y con la consabida respuesta de que el tema se verá después.
El día que decidieron ir al Congreso a exigir que los legisladores conocieran el problema, la respuesta fue distinta: les aventaron un extintor. No es una metáfora. El personal de seguridad del recinto cerró las puertas con las compañeras adentro, las aplastó entre la entrada y la muchedumbre, y descargó el extintor sobre la comisión que esperaba afuera. Una movilización compuesta en un noventa por ciento por mujeres y adultos mayores, sin palos, sin spray, con música de fondo. Eso es lo que recibieron.
El presupuesto de la Secretaría de Vivienda se triplicó en esta administración: de tres mil cuatrocientos millones a nueve mil millones de pesos. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se ha comprometido a doscientas mil acciones de vivienda. Las organizaciones, que saben de qué está hecha esa contabilidad, advierten que una acción puede ser una pintura, una ventana, una escritura. No un departamento. Y que con todo ese presupuesto, los trámites son hoy más tortuosos que antes, los créditos siguen sin reflejar las amortizaciones, y la gente más vulnerable sigue siendo la primera en quedar descartada.
Noelia lo dice sin rodeos: estamos peor. Su organización construyó más vivienda entre 2012 y 2018, con un presupuesto pequeño, que en los años siguientes con un presupuesto mayor. Algo no cuadra. O más bien, sí cuadra: cuadra con la lógica de una institución que ha aprendido a administrar a las organizaciones en lugar de servirlas, a contenerlas en vez de atenderlas, a abrir puertas justo lo suficiente para que nadie se vaya del todo, pero nunca lo suficiente para que el problema se resuelva.
Treinta y seis años en el movimiento urbano popular le dan a Gilberto Ramos el derecho de decirlo con todas sus letras: hay dos cárteles inmobiliarios en esta ciudad. El privado, al que el gobierno de la Cuarta Transformación señala con frecuencia. Y el público, el que opera desde la propia Secretaría de Vivienda con un vicio de diseño que beneficia a los que están cerca del poder y castiga a los que más necesitan un techo. El que lleva décadas funcionando y al que nadie, por ahora, parece dispuesto a desactivar.
La solución, dicen, ya está sobre la mesa. La propuesta es concreta, está calculada, y encima coincide con la lógica que la propia jefa de Gobierno, Clara Brugada, aplicó a los problemas del agua y del predial: no cobres lo que ya no se puede pagar, empieza desde hoy. Gilberto advierte que si el gobierno no la acepta, la lucha escala. Lo dice en términos futbolísticos, con la ironía de quien lleva décadas en esto: no van a quedarse en las tribunas esperando. Si hace falta, meterán goles en el Estadio Azteca. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la metáfora no es inocente.
Solo falta que alguien en el gobierno decida escuchar. Hasta ahora, lo que han recibido es polvo de extintor.
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