Las Fuerzas Armadas mexicanas han dejado de desempeñar únicamente funciones de seguridad y defensa para convertirse en actores económicos de gran escala, con control sobre empresas, infraestructura estratégica y activos financiados con recursos públicos, advirtió México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) al presentar la tercera edición de su informe El Negocio de la Militarización.
La organización señaló que el creciente poder económico de las instituciones castrenses constituye un modelo de “emprendedurismo militar” sin precedentes en el país, que se desarrolla en un contexto de opacidad, escasos controles democráticos y una creciente concentración de poder.
De acuerdo con el estudio, el gasto militar en México aumentó 120 por ciento entre 2015 y 2024, una cifra que supera ampliamente el promedio mundial de crecimiento en este rubro, estimado en 37 por ciento. Este incremento colocó a México como el segundo país con mayor gasto militar en América Latina y el Caribe durante 2024.
Ese mismo año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) alcanzaron presupuestos históricos que, en conjunto, superaron los recursos asignados a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación y Relaciones Exteriores.
El informe destaca que actualmente las Fuerzas Armadas controlan 25 empresas de participación estatal. Bajo la administración de la Sedena se encuentran proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, Mexicana de Aviación y Grupo Mundo Maya. Por su parte, la Semar administra 18 puertos, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la empresa turística TURIIMAR y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Sin embargo, MUCD advierte que estas empresas presentan señales tempranas de ineficiencia y falta de sostenibilidad financiera. Entre los ejemplos citados se encuentran los elevados subejercicios registrados por Mexicana de Aviación, la dependencia del Tren Maya de transferencias públicas para su operación, la caída de ingresos reportada por el AICM y la contracción observada en la actividad portuaria, mientras el gasto corriente continúa aumentando.
La organización también cuestionó la falta de supervisión sobre el ejercicio de los recursos públicos. Según el informe, la Semar registró en 2023 un sobreejercicio de 37 por ciento, mientras que la Sedena reportó uno de 111 por ciento en 2024. Además, señala que partidas presupuestales que iniciaron el año sin recursos asignados terminaron absorbiendo miles de millones de pesos mediante modificaciones realizadas durante el ejercicio fiscal.
“El resultado es una brecha estructural entre lo que el Congreso aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación y lo que finalmente decide gastar el Ejecutivo”, sostiene el documento.
Otro de los hallazgos centrales es el incremento de la opacidad en torno al gasto militar. MUCD afirma que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) coincidió con un mayor uso de fideicomisos, un crecimiento de los gastos extrapresupuestarios y una reducción de los mecanismos de seguimiento que permiten conocer el destino final de los recursos administrados por las Fuerzas Armadas.
Para la organización, esta situación ha convertido la opacidad en una característica estructural de la política de militarización impulsada en los últimos años.
MUCD concluye que el fortalecimiento económico de las Fuerzas Armadas no puede entenderse únicamente como una consecuencia de las estrategias de seguridad pública, sino como una política deliberada de acumulación de recursos y poder institucional.
Ante este escenario, la organización hizo un llamado a restablecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas y controles democráticos sobre el presupuesto público, independientemente de la dependencia encargada de administrarlo, con el objetivo de preservar el equilibrio entre las autoridades civiles y militares en el país.