Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la movilidad, la salud pública y la seguridad vial rechazaron una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México presentada en el Congreso local, al considerar que no está armonizada con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y que omite medidas fundamentales para prevenir muertes y lesiones por siniestros de tránsito.
Las agrupaciones señalaron que la propuesta impulsada por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso capitalino, deja fuera elementos esenciales como los límites explícitos de velocidad y disposiciones claras sobre el control de alcohol al conducir, pese a que ambos factores están estrechamente vinculados con accidentes viales graves.
En un posicionamiento conjunto, organizaciones como Bicitekas, El Poder del Consumidor, Salud Justa MX, Instituto del Sur Urbano, Polithink, RASA y la Coalición Movilidad Segura señalaron que la iniciativa representa un retroceso después de más de tres años de retraso en la armonización de la legislación local con la normativa federal.
Los colectivos destacaron que el consumo de alcohol afecta capacidades fundamentales para una conducción segura, como la atención, la coordinación, el tiempo de reacción y la percepción del riesgo, por lo que consideraron indispensable fortalecer las medidas de prevención y los límites legales aplicables a los conductores.
Alonso Robledo, vocero de RASA, afirmó que corregir la propuesta conocida por las organizaciones como #LeyMuerteVialCDMX no es una cuestión de opinión, sino una obligación legal, técnica y ética.
“Resulta inaceptable debilitar medidas cuya eficacia ha sido ampliamente demostrada para prevenir lesiones y muertes en las calles. Ante una crisis de seguridad vial que cobra vidas todos los días, la Ciudad de México debe avanzar hacia una legislación alineada con la evidencia científica y el derecho a la movilidad segura”, sostuvo.
Por su parte, Quetzalli Ramos Campos, de Polithink, calificó como grave que la iniciativa excluya medidas básicas para salvar vidas.
“La velocidad y el alcohol están directamente relacionados con lesiones y muertes viales; por eso no pueden tratarse como temas secundarios. La Ciudad de México necesita una reforma seria, no una simulación”, señaló.
José Arévalo Lomelí, del Instituto del Sur Urbano, advirtió que la propuesta genera incertidumbre jurídica al no establecer de manera expresa los límites de velocidad previstos en la legislación federal y dejar esos criterios sujetos a normativas posteriores.
Asimismo, cuestionó que la redacción planteada sobre el Programa de Control y Prevención de Ingesta de Alcohol a Conductores de Vehículos resulte confusa respecto a las atribuciones de las autoridades responsables de su operación.
Carlos Morales, integrante de la campaña de seguridad vehicular de El Poder del Consumidor, afirmó que la capital requiere una armonización efectiva que se traduzca en acciones concretas para proteger vidas y no únicamente cambios legislativos formales.
“Tras más de tres años de retraso en la armonización, la ciudadanía merece una reforma que vaya más allá de los conceptos y se traduzca en acciones concretas para proteger la vida”, expresó.
En el mismo sentido, Gal Villaseñor, de México Previene, señaló que las muertes viales son resultado de decisiones de política pública y advirtió que omitir factores de riesgo cuya regulación ha demostrado salvar vidas constituye una vulneración al derecho a la movilidad segura, la salud y el interés superior de la niñez.
Finalmente, Areli Carreón, de Bicitekas, hizo un llamado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como a las secretarías de Movilidad, Salud y Seguridad Ciudadana y al Congreso capitalino, para incorporar plenamente los límites de velocidad y los controles de alcoholimetría previstos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Las organizaciones advirtieron que cada año cientos de familias enfrentan pérdidas derivadas de choques, atropellamientos y otros siniestros de tránsito prevenibles, por lo que exigieron que la reforma sea corregida antes de su eventual aprobación para garantizar que la protección de la vida sea el eje central de la legislación en materia de movilidad.
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