La Asociación de Comerciantes Independientes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que aglutina a permisionarios, vendedores semifijos, vagoneros y próximamente a vendedores con debilidad visual, se presentó ante los medios de comunicación para hacer públicas sus acusaciones. La agrupación cuenta con registro formal ante la Secretaría de Economía.
Edgar Cerda Martínez, presidente colegiado de la asociación, acompañado de Miguel Ángel Mojarro Castellano y Leonardo Martínez Calderón, denunció que a partir del nombramiento de Rubalcava como director del Metro, el 6 de mayo de 2025, han ingresado más de 450 espacios comerciales irregulares que no cuentan con un permiso administrativo temporal revocable para operar legalmente. Los denunciantes señalaron que estos hechos constituyen enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad por parte del funcionario.
Cerda Martínez también denunció la existencia de un grupo de supuestos trabajadores del Metro que se dedican a extorsionar a los comerciantes y cobrar derecho de piso. Entre los funcionarios señalados como presuntos responsables se encuentran Dayana Alejandra Montes de Oca, titular de la Gerencia Jurídica; Ernesto Velasco Hernández, titular de la Gerencia de Seguridad Institucional, y José de Jesús Arrieta Espinoza, titular de la Dirección de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos, quien además funge como secretario particular de Rubalcava.
La asociación también mencionó a dos operadores conocidos por sus alias: Luis Arturo García Herrera, El Búho, y Ricardo Sánchez Mairén, El Murciélago, a quienes señaló como encargados de ingresar los espacios comerciales irregulares y cobrar derecho de piso.
Edgar Cerda responsabilizó a Adrián Rubalcava de cualquier ataque a su persona, familiares o equipo de trabajo, luego de que un grupo de individuos se presentara afuera del sitio de la conferencia de prensa para intimidar a los asistentes. Cerda calificó a este grupo como el Bloque Negro de Rubalcava y advirtió que, de no obtener respuesta del gobierno capitalino, realizarán movilizaciones, bloqueos viales y el cierre de las oficinas centrales del Metro.
Los denunciantes solicitaron formalmente la intervención inmediata de la jefa de Gobierno, Clara Brugada; del secretario de Gobierno, César Cravioto, y de la fiscal general de Justicia de la CDMX, Berta Alcalde Luján. Exigieron la renuncia de Rubalcava y la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno central para reintegrar los espacios de venta a los permisionarios y vendedores que por décadas han estado dentro del sistema de transporte.
La asociación dejó en claro que su objetivo principal es el diálogo y la defensa de los derechos de los comerciantes, así como la movilidad de los usuarios, pues consideran que el exceso de comercios dentro del Metro representa un riesgo de siniestro.
Según los denunciantes, existen otras organizaciones que mantienen el control de los espacios comerciales: la Asociación de Locatarios del Sistema de Transporte Colectivo, encabezada por Raúl Martínez Herrera, tiene el 50 por ciento de los locales, y otra organización de permisionarios acapara el 40 por ciento. También mencionaron acuerdos de Grupo Metro, la Asociación de Locatarios del STC y la Cooperativa Cárdenas con Rubalcava para proteger sus intereses.
La asociación afirmó que toda la información sobre las irregularidades está documentada y ha sido presentada formalmente ante el gobierno central, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y la Contraloría General de la Ciudad de México. En todos los casos existen sellos y fechas que acreditan la presentación de las denuncias.
Finalmente, los integrantes de la asociación advirtieron que Rubalcava presume que mueve los hilos políticos en tribunales y en el Poder Judicial, y que por ello se siente intocable.