El Plan México se ha posicionado como la columna vertebral de la política industrial para el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, trazando como meta principal la atracción de inversiones, el desarrollo del sector manufacturero y el bienestar compartido.
Esta estrategia busca impulsar de manera contundente el crecimiento económico a través de proyectos de infraestructura y manufactura avanzada. El gran desafío actual radica en cómo materializar estos anuncios en ejecuciones efectivas en un entorno de alta incertidumbre internacional.
De acuerdo con análisis de la organización México, ¿cómo vamos?, la política industrial del país no puede entenderse de manera aislada al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ambos instrumentos son completamente complementarios: mientras el Plan México define la estrategia interna y los sectores estratégicos, el T-MEC provee la plataforma institucional, las reglas comunes y el acceso preferencial al mercado de Norteamérica para escalar dichas inversiones.
Los semáforos económicos revelan un panorama mixto. Aunque se observan avances significativos en la reducción de la pobreza laboral y se mantiene una sólida participación de México en las importaciones de Estados Unidos, persisten retos importantes en variables clave.
La inversión total se ubicó en 21.2% del PIB en el primer trimestre de 2026, situándose por debajo de la meta establecida por el Plan México, que aspira a elevar este indicador al 25% a partir de este año. Asimismo, las expectativas captadas por el Banco de México reflejan que factores institucionales han presionado a la baja la percepción sobre el clima de negocios en meses recientes.
Para consolidar el éxito de esta estrategia trilateral y capitalizar la segunda ola de la relocalización de empresas (nearshoring), resulta indispensable atender condiciones internas fundamentales. Expertos señalan la necesidad de garantizar seguridad jurídica, avanzar en la simplificación administrativa digital y asegurar un suministro confiable, competitivo y suficiente de energía limpia y gas natural.
Al robustecer estas bases y coordinar los esfuerzos públicos con la movilización de capital privado –que representa el 86% de la inversión en el país–, México estará en posibilidades de transformar el atractivo comercial en empleos formales de calidad y bienestar social sostenible.
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