El Instituto Mexicano para la Competitividad presentó la quinta edición de “Estados #ConLupaDeGénero 2026”, una herramienta que evalúa las condiciones laborales que enfrentan las mujeres en las 32 entidades federativas a través de 16 indicadores agrupados en tres pilares: entrada al mercado laboral, permanencia y autonomía económica.
El estudio revela que 15 estados mejoraron su posición respecto a 2025, 12 retrocedieron y cinco permanecieron sin cambios. Ninguna entidad alcanza un nivel de desempeño muy alto, lo que confirma la persistencia de retos estructurales para garantizar trayectorias laborales en igualdad de condiciones.
Baja California Sur encabeza el ranking general con 72.3 puntos, impulsada por sus avances en corresponsabilidad de cuidados. Es la entidad con mayor proporción de mujeres con independencia económica (82.9%) y el menor porcentaje de mujeres en pobreza laboral (14.4%). Además, es el único estado que ofrece 84 días de permiso de paternidad a sus trabajadores estatales, equiparable a la licencia de maternidad.
En contraste, Oaxaca se mantiene como la única entidad con desempeño muy bajo, con 25.8 puntos. Enfrenta rezagos importantes: es el estado con la mayor proporción de mujeres que trabajan en la informalidad (76.9%) y ocupa los últimos lugares en autonomía económica debido a altos niveles de pobreza laboral, baja proporción de emprendedoras formales y reducido número de mujeres propietarias de vivienda.
Yucatán destaca por el mayor avance, al ascender cuatro posiciones y colocarse en el cuarto lugar nacional, impulsado por la reducción de la desigualdad en el trabajo no remunerado y el aumento de mujeres con bachillerato. También ocupa el primer lugar en seguridad en el transporte público. En contraste, Campeche registró el mayor retroceso, al caer ocho posiciones, principalmente por rezagos en el pilar de entrada al mercado laboral.
En el pilar de entrada, la Ciudad de México obtiene el mejor desempeño (82.8 puntos), mientras que Chiapas ocupa el último lugar (30.9). A nivel nacional, 45 por ciento de las mujeres cuentan con al menos educación media superior, y 23 entidades avanzaron en este indicador en 2026, con Guerrero y Puebla a la cabeza. Sin embargo, las mujeres dedican 58 por ciento más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, y por segundo año consecutivo la menor brecha se registra en la Ciudad de México (46 por ciento).
En el pilar de permanencia, Colima lidera con 59.2 puntos, mientras que Veracruz ocupa el último lugar con 29.5. A nivel nacional, las mujeres ganan en promedio 13 por ciento menos que los hombres, aunque la brecha salarial oscila entre 0.1 por ciento en Chiapas y 23.6 por ciento en Guerrero. En cobertura de cuidados para la primera infancia, ningún estado alcanza la mitad de la población de 0 a 5 años; Colima tiene la mayor cobertura con 47.9 por ciento.
En el pilar de autonomía económica, Baja California Sur obtiene el mejor desempeño con 88.1 puntos, mientras que Oaxaca se ubica en el último lugar con 7.4. La falta de ingresos propios limita la autonomía de las mujeres: en Veracruz, 37.7 por ciento de las mujeres no percibe ingresos directos, frente a 17.1 por ciento en Baja California Sur. La acumulación de activos también está rezagada: en el Estado de México, solo 11.7 por ciento de las mujeres cuenta con propiedad o copropiedad de vivienda, frente a 23.3 por ciento en Campeche.
El IMCO destaca que los cuidados siguen siendo la principal barrera para la participación económica de las mujeres. En México, 31.6 millones de personas de 15 años y más brindan cuidados sin recibir remuneración; tres de cada cuatro son mujeres. Como resultado, nueve de cada diez personas que dejan el mercado laboral por labores de cuidado son mujeres. México aprobó un presupuesto para cuidados equivalente a 1.2 por ciento del PIB en 2026, pero el IMCO estima que este monto tendría que ser 1.8 veces mayor para responder a la demanda actual.
El IMCO propone tres líneas de acción para los estados: hojas de ruta para construir sistemas de cuidados estatales, presupuestos específicos para políticas de cuidados, y la ampliación de permisos de paternidad.
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