La diputada de Acción Nacional, Daniela Álvarez, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México un punto de acuerdo para crear un mecanismo claro, sencillo y coordinado entre instituciones, que permita a las personas con discapacidad presentar quejas y denuncias sin trabas administrativas cuando sus derechos sean vulnerados.
La legisladora advirtió que, aunque la capital cuenta con un marco constitucional de avanzada y organismos especializados como el Instituto de las Personas con Discapacidad, en la práctica las víctimas de discriminación quedan a la deriva por la dispersión de competencias.
“¿De qué sirve tener derechos si, cuando nos los vulneran, no sabemos a dónde acudir? Cuando una persona enfrenta una barrera, comienza un laberinto: ¿debe ir a INDISCAPACIDAD, al INVEA, a COPRED, a Derechos Humanos, a su alcaldía o iniciar un juicio? Mientras busca ayuda, la vulneración continúa. Un derecho que solo existe en el papel no es efectivo”, enfatizó.
Álvarez señaló que diagnósticos del propio INDISCAPACIDAD identificaron la ausencia de un camino interinstitucional definido que oriente al ciudadano desde la recepción de la denuncia hasta su resolución de fondo. “La ciudadanía no tiene por qué convertirse en experta en burocracia para exigir lo que marca la ley. Exigimos que las autoridades se coordinen, determinen de inmediato qué instancia debe actuar y publiquen estos procedimientos en formatos totalmente accesibles y en lenguaje ciudadano”, puntualizó.
La panista llamó a los grupos parlamentarios a cerrar la brecha entre la legislación y la vida cotidiana. “La inclusión no puede significar únicamente construir una rampa; implica garantizar una puerta abierta y accesible cuando los derechos son atropellados. Las personas con discapacidad no piden privilegios, exigen que la ley se cumpla sin perderse en un laberinto de oficinas”, concluyó.