En la alcaldía Miguel Hidalgo hay un funcionario que, según una denuncia presentada ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la FGJCDMX, ejerce dos oficios con un solo sueldo. Se llama César Garrido López, es director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, y el primero de esos oficios, el de funcionario, parece ser el que menos practica. Lo irónico es que se trata del titular del área jurídica: el hombre encargado de que la ley se cumpla ahora está señalado de pasársela por encima.
La denuncia la presentaron la diputada Cecilia Vadillo Obregón y el diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, ambos de Morena, por actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos con fines de promoción personal. La dieron a conocer en La Chilanguera, con un argumento sencillo: Garrido aspira a ser alcalde de Miguel Hidalgo en 2027 y estaría usando la alcaldía como casa de campaña.
¿Qué sostienen los denunciantes? Primero, que a lo largo del año se han reportado llamadas telefónicas a vecinos de la demarcación en las que se les pregunta si reconocen el nombre de Garrido, qué opinión tienen de él e incluso si debería haber continuidad del proyecto político de la actual administración. Romo calcula que esa promoción telefónica habría costado 10 millones de pesos. La cifra es suya y será la Fiscalía la que determine si resiste una revisión.
Segundo, que la estructura territorial de la alcaldía, es decir, el personal que debería atender a los vecinos, estaría participando en reuniones y recorridos para posicionar al funcionario. Tercero, que las cuentas institucionales difunden como trabajo de gobierno lo que sería, en realidad, promoción de un aspirante, con vehículos y equipo operativo pagados por la alcaldía. Vadillo mostró imágenes de esas publicaciones y hasta planteó la pregunta que da título a esta columna: candidato o funcionario.
Conviene separar dos cosas. La aspiración de Garrido es legítima y nadie debería reprochársela. Querer gobernar no es delito. Lo que el artículo 134 constitucional prohíbe es usar el dinero, el personal y la imagen institucional del gobierno para alimentar esa ambición. Los recursos públicos deben aplicarse con imparcialidad, y la propaganda oficial no puede servir para promover el nombre de ningún servidor público. Esa es la frontera, y la denuncia sostiene que se cruzó.
Aquí llega el punto central. Quien viola la ley no puede pretender gobernar. Gobernar es, antes que nada, someterse a las reglas, empezando por las que uno mismo tendría que hacer cumplir. Quien arranca antes del silbatazo no demuestra ambición. Demuestra que las reglas le estorban. Y si le estorban cuando apenas es aspirante, ¿qué hará cuando tenga el bastón de mando y el presupuesto completo?
Hay que decirlo con claridad: una denuncia no es una sentencia. Garrido tiene derecho a defenderse y la Fiscalía tiene la obligación de investigar con seriedad y sin sesgos. Pero mientras eso ocurre, los vecinos de Miguel Hidalgo tienen derecho a preguntar quién está atendiendo la dirección general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, porque, según Vadillo, el titular anda en otra chamba.
Queda, además, un detalle incómodo. La propia legisladora de Morena afirmó que todos los días aparecen en columnas políticas menciones de que el alcalde Mauricio Tabe respalda a Garrido y que este es su candidato. Si es así, la discusión rebasa a un director general y llega hasta la oficina principal de la alcaldía.
La pregunta obligada es si César Garrido se decidirá por una de sus dos chambas: o deja el cargo y hace campaña con su tiempo y su dinero, o se dedica a lo que le pagan los vecinos de Miguel Hidalgo. Y si, como asegura Vadillo, es “el candidato de Tabe”, la denuncia deja de ser un asunto de un director general. Es un asunto de cómo se está administrando la alcaldía rumbo a 2027.
X: GarcíaJJavier
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