El diputado Alberto Vanegas Arenas presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma que busca establecer la capacitación obligatoria para jueces y servidores públicos en materia de violencia vicaria. El objetivo primordial es evitar la revictimización de las mujeres y garantizar que el Poder Judicial cuente con las herramientas necesarias para juzgar con perspectiva de género.
La violencia vicaria se define como una estrategia machista donde el agresor utiliza a hijas e hijos, o terceras personas, para infligir daño y control sobre la mujer. Vanegas Arenas advirtió que el desconocimiento técnico de esta problemática por parte de las autoridades genera fallos institucionales que dejan a las víctimas en desamparo.
En la Ciudad de México, esta situación es crítica, ya que la capital concentra más del 15% de los casos registrados a nivel nacional. El legislador enfatizó que, en sus expresiones más graves, este tipo de violencia puede culminar en la pérdida de la custodia de los menores o incluso en desenlaces fatales.
La propuesta de Vanegas Arenas plantea modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia bajo dos líneas de acción:
-Actualización del Poder Judicial.- Establecer la capacitación en perspectiva de género, feminicidio y violencia vicaria como un requisito obligatorio para la evaluación, ratificación y promoción de jueces y juezas.
-Políticas preventivas integrales.- Obligar a las dependencias de gobierno, alcaldías y al Gabinete de Igualdad a incorporar estas formaciones en sus planes de prevención y atención ciudadana.
El legislador recordó que tanto la Constitución de la Ciudad de México como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya exigen que las autoridades juzguen con perspectiva de género. Sin embargo, señaló que existe una brecha real en la práctica debido a la falta de una instrucción especializada y obligatoria.
Al respecto, Alberto Vanegas subrayó que no basta con sancionar, sino que el Estado debe ser capaz de detectar y proteger a tiempo para que la violencia no encuentre refugio en las instituciones. Concluyó que legislar en esta materia es una responsabilidad pendiente con las mujeres que históricamente han sido invisibilizadas por el sistema judicial.