Comerciantes Unidos del Sistema de Transporte Colectivo Metro pidieron la intervención de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX para detener la extorsión y corrupción que avala el director Adrián Rubalcava Suárez en este servicio público cuyo monto estimado mensual supera los 6 millones 250 mil pesos.
Lo anterior se suma a los más de 60 millones de pesos por la venta ilegal de módulos comerciales en casi un año de la nueva administración en el STC Metro. En su posicionamiento detallaron que cada módulo se ha vendido en más de 120 mil pesos y las rentas mensuales están en promedio en 12 mil 500 pesos, dinero que no entra a las arcas de la institución.
Por lo anterior consideraron urgente la intervención de la Jefa de Gobierno ya que esta situación irregular va en detrimento de los permisionarios legales a quienes también se les cobra derecho de piso por personal proveniente de la Alcaldía Cuajimalpa como es el caso de: Emanuel Gómez Mejía, José de Jesús Arrieta Espinoza, Dayana Alejandra Montes de Oca Flores, Ernesto Velasco Hernández, Pedro Luis Bernal Hernández, Ricardo Sánchez Mayren, José Eduardo Zepeda Saavedra y Ulises Hiram García Fuentes.
Indicaron que estos personajes han estado involucrados en procesos de inhabilitación y sanciones como servidores públicos y aun así operan en el Metro extorsionando a los comerciantes.
Incluso detallaron que actualmente ya cobran el servicio de luz a quienes tienen locales comerciales y los montos pueden superar los 2 mil 500 pesos. Dejaron en claro que los permisionarios legales no pagan el servicio de luz bajo dicho formato pues sus rentas mensuales ya incluyen el servicio y van de los mil 500 a los 3 mil 500 pesos, recursos que sí se pagan directo en la caja y cuentas del Metro.
La organización detalló que los 60 millones que han ingresado de manera irregular bien podrían utilizarse en la sustitución de escaleras eléctricas cuyo costo individual oscila en los 9 millones de pesos.
Aseguró que es urgente evitar el desvío de recursos ya que es necesaria la renovación de 120 escaleras obsoletas en estaciones de mayor afluencia de las líneas 7 y 9.
Finalmente hicieron un llamado al Gobierno de la Ciudad de México a atender dichas irregularidades pues los funcionarios amenazan con formalizar los espacios comerciales irregulares a finales de marzo para favorecer a empresas afines a través de prestanombres.