La votación del 11 de marzo en la Cámara de Diputados no sólo marcó el rechazo a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. También dejó al descubierto las primeras tensiones dentro de la coalición gobernante y abrió una nueva etapa de negociación política entre sus propios aliados.
Desde la presentación de la iniciativa comenzó a extenderse la percepción de que el bloque aliado mayoritario no acompañaría la reforma. Las señales de distanciamiento del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México fueron evidentes desde el inicio del debate legislativo. Por ello, el resultado de la votación no sorprendió.
La iniciativa enviada por la presidenta no logró el acompañamiento de estos dos partidos que forman parte de la coalición gobernante. Más allá del resultado legislativo, lo ocurrido revela diferencias que empiezan a tensar la relación entre los aliados y que podrían poner a prueba la cohesión política del bloque rumbo al proceso electoral de 2027.
Las posturas expresadas en San Lázaro permiten entender que el debate de fondo no es únicamente técnico, sino profundamente político: la forma en que se asignan las diputaciones plurinominales.
La representación proporcional fue incorporada al sistema electoral mexicano con la reforma política de 1977 con el objetivo de abrir espacios a fuerzas políticas que, bajo un sistema estrictamente mayoritario, difícilmente podían acceder al Congreso.
Actualmente, el artículo 53 constitucional establece que la Cámara de Diputados se integra mediante un sistema mixto: 300 diputaciones de mayoría relativa elegidas en distritos y 200 diputaciones de representación proporcional asignadas mediante listas registradas por los partidos en cinco circunscripciones plurinominales.
En la práctica, este sistema otorga a las dirigencias partidistas un amplio margen para decidir quiénes integran esas listas y, en consecuencia, quiénes acceden a una curul por la vía plurinominal.
La iniciativa enviada por la presidenta no eliminaba la representación proporcional, pero sí proponía modificar la forma en que se asignan estas diputaciones.
El planteamiento consistía en que 100 diputaciones se asignaran a los candidatos que, aun perdiendo en sus distritos, hubieran obtenido la mayor votación, mientras que las otras 100 se elegirían mediante votación directa en cinco circunscripciones regionales.
Con este mecanismo, el criterio de asignación estaría más vinculado al respaldo electoral obtenido en las urnas y menos a las listas previamente definidas por las dirigencias partidistas.
Ese cambio no es menor. En un sistema donde las listas plurinominales han funcionado como una herramienta para ordenar equilibrios internos y distribuir posiciones políticas entre corrientes y aliados, modificar su mecanismo de asignación inevitablemente altera los márgenes de control político dentro de los partidos.
En ese contexto se debe analizar la postura del Partido del Trabajo y del Partido Verde, dos fuerzas políticas que han construido parte importante de su presencia legislativa a partir de la representación proporcional.
Sin embargo, el rechazo a la iniciativa no cierra el capítulo de la reforma electoral. Por el contrario, abre una nueva etapa de negociación política.
Tras la votación en la Cámara de Diputados se realizó una reunión en Palacio Nacional entre representantes de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, así como coordinadores legislativos y funcionarios del gobierno federal. El encuentro se prolongó durante aproximadamente seis horas y formó parte de los esfuerzos por reconstruir el diálogo político entre los partidos que integran la coalición gobernante.
Durante la reunión, la presidenta Claudia Sheinbaum participó hasta alrededor de las nueve y media o diez de la noche. Posteriormente, legisladores y funcionarios continuaron el diálogo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, revisando posibles alternativas para dar continuidad a la reforma político electoral.
Fue en ese contexto donde comenzó a perfilarse la ruta de un nuevo paquete legislativo. El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, explicó que el llamado Plan B impulsado por la presidenta contempla al menos cuatro ejes principales.
Entre los temas mencionados se encuentran ajustes en la integración de los congresos locales, cambios en la estructura de los ayuntamientos, particularmente en la figura de los regidores, la incorporación del mecanismo de revocación de mandato y la posibilidad de reprogramar la elección judicial hacia el año 2028.
De acuerdo con Monreal, las modificaciones implicarían reformas constitucionales mediante ajustes a los artículos transitorios de la Constitución y no únicamente cambios en leyes secundarias.
Además, se ha planteado la revisión del gasto del sistema electoral, incluyendo posibles reducciones en recursos y privilegios dentro de las instituciones electorales federales y estatales, así como ajustes en el presupuesto de los congresos locales.
El propio Monreal subrayó que su función será construir los acuerdos necesarios para que la propuesta pueda avanzar en el Congreso, aunque reconoció que no puede garantizar de antemano que existan los votos suficientes para aprobarla.
Desde Morena, la postura ha sido clara. El grupo parlamentario respaldará la iniciativa que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum y buscará construir los acuerdos necesarios para que la propuesta prospere en el Poder Legislativo.
En ese mismo sentido, se ha insistido en que el Partido del Trabajo y el Partido Verde continúan siendo aliados políticos dentro del movimiento y que el nuevo planteamiento abre la posibilidad de reconstruir la relación política entre las fuerzas que integran la coalición de la llamada Cuarta Transformación.
No obstante, cada partido tomará su propia decisión respecto a la propuesta que finalmente se presente ante el Congreso, lo que mantiene abierto el margen de negociación política en los próximos días.
Más allá de la negociación legislativa en torno al Plan B, el debate sobre la reforma electoral ocurre en un momento en el que también comienza a moverse el tablero político interno de Morena.
El Consejo Nacional celebrado el 7 de marzo ratificó que la definición de candidaturas rumbo al siguiente proceso electoral se realizará nuevamente mediante encuestas, al tiempo que adelantó el proceso de designación de coordinadores estatales, distritales y municipales de defensa de la transformación.
El calendario aprobado establece que este proceso comenzará en los próximos meses, con definiciones previstas en junio, agosto, septiembre y noviembre, lo que en los hechos adelanta la competencia interna por los espacios de representación política a este mismo año.
En ese contexto, la discusión sobre la reforma electoral y la eventual construcción de un Plan B no puede separarse del reacomodo político que ya comienza a perfilarse rumbo a 2027.
La derrota legislativa de la reforma electoral difícilmente quedará como un episodio aislado.
A partir de ahora, la expectativa estará puesta en observar si las coincidencias políticas resultan suficientes para mantener la cohesión de la alianza o si comenzará a tomar forma alguna consecuencia política para quienes decidieron no acompañar la iniciativa.
Se empieza a dibujar un nuevo mapa electoral.