Los diputados Cecilia Vadillo Obregón y Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra presentaron ante el Congreso de la Ciudad de México un exhorto dirigido al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. El documento exige la cancelación del espectáculo Alicia en el País de las Maravillas en el Parque Lira o, en su defecto, que se garantice el acceso libre a los vecinos y un beneficio económico real para la demarcación.
Durante la sesión, los legisladores calificaron la instalación como un intento de privatización de un espacio que es patrimonio cultural urbano y está protegido por la Constitución local y la Ley de Desarrollo Urbano.
La diputada Vadillo señaló que, tras años de abandono en infraestructura y seguridad denunciados por los vecinos, la alcaldía permitió una inversión de 4 millones de pesos vinculada a un evento privado con boletos de hasta 500 pesos. Criticó que existiendo un subejercicio de casi 200 millones de pesos en la alcaldía, no se utilizara recurso público para la rehabilitación del parque.
Los puntos clave de la denuncia incluyen:
Desproporción económica.- Se estima que el espectáculo generará ingresos por 120 millones de pesos, mientras que la reintegración al parque será de apenas 4 millones, lo que representa cerca del 3% de las ganancias.
Opacidad administrativa.- El diputado Víctor Romo denunció que Parque Lira no es un salón de eventos y que los propios funcionarios han admitido que los permisos aún están en trámite, a pesar de que el espacio ya está siendo ocupado.
Impacto social.- Con una proyección de hasta 300 mil visitantes, se advierte que restringir el acceso y cobrar por la entrada a un espacio público constituye una privatización de facto.
El exhorto aprobado no solo se dirige a la alcaldía, sino que también solicita la intervención inmediata de diversos organismos para verificar la legalidad del proyecto:
De INVEA y PAOT para revisar el uso de suelo y las afectaciones ambientales y urbanas.
De SEDEMA para evaluar el impacto en las áreas verdes del parque.
De la Contraloría para iniciar los procedimientos correspondientes ante posibles irregularidades administrativas.
Los legisladores concluyeron exigiendo que se hagan públicos los contratos, convenios y dictámenes que avalan este proyecto. Por su parte, vecinos presentes en el recinto manifestaron su inconformidad bajo la consigna de que la Miguel Hidalgo es alcaldía y no una fuente de lucro privado.