La diputada Laura Álvarez Soto, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad local, con el propósito de garantizar que una mayor proporción de los recursos recaudados por parquímetros regrese directamente a las colonias donde opera este sistema.
Durante su exposición, informó que para la ciudad el sistema de parquímetros generó ingresos en 2024 superiores a los 525 millones de pesos; sin embargo, advirtió que esos recursos no se están invirtiendo en las calles y colonias donde se implementa el programa.
La propuesta plantea elevar de 30 a 40% el porcentaje mínimo de la recaudación total que debe destinarse a las zonas donde se cobran parquímetros, para que estos recursos se traduzcan en mejoras reales para los vecinos en rubros como movilidad, seguridad, mantenimiento de parques, luminarias y bacheo.
Al presentar la iniciativa, Laura Álvarez subrayó que el ordenamiento del estacionamiento en vía pública no debe entenderse únicamente como un mecanismo recaudatorio, sino como una herramienta de gestión urbana basada en la justicia para los habitantes.
La legisladora señaló que el programa de parquímetros genera ingresos importantes, destacando que de 2013 a 2023 el gobierno recaudó 4 mil millones de pesos, pero la inversión en obras para las colonias solo alcanzó los 453 millones, lo que representa apenas el 11% del total.
En ese sentido, la iniciativa busca establecer en la propia ley, y no solo en reglamentos, una distribución mayor y más justa de estos fondos para fortalecer la transparencia y asegurar que los beneficios del ordenamiento urbano mejoren la calidad de vida.
Mencionó que el caso de la Alcaldía Miguel Hidalgo es uno de los más críticos, pues colonias como Polanco, Anzures y Lomas de Chapultepec generan 228 millones de pesos al año, pero solo han recibido de vuelta entre 90 y 120 millones de pesos desde 2013, equivalente al 5% de lo pagado por los usuarios.
Finalmente, Laura Álvarez hizo un llamado a respaldar esta reforma al considerar que es una medida de justicia urbana mínima para devolver a las colonias el valor que generan. Afirmó que, aunque el ordenamiento de las calles es positivo, no se puede permitir que estos recursos funcionen como el cochinito del gobierno, ya que desde 2013 existen 3,500 millones de pesos que fueron a la Tesorería sin que se conozca su destino final.