Cuando el miércoles 11 de marzo el PT y el PVEM votaron contra la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, muchos lo leyeron como el fin de una jugada. Era, en realidad, el inicio de la siguiente.
El Plan B que la presidenta presentó la semana pasada no es una retirada ni una concesión. Es la continuación del mismo argumento por otros medios, con una arquitectura diseñada para colocar a sus aliados exactamente ante el mismo dilema: votar a favor de algo que los debilita estructuralmente o votar en contra de reducir privilegios frente a las cámaras del país.
Cuatro días de conversaciones en la Secretaría de Gobernación bastaron para que PT y PVEM anunciaran su respaldo total. Tomados de las manos y con los brazos levantados en señal de triunfo, los dirigentes y coordinadores de los tres partidos grabaron un video de más de veinte minutos declarando su unidad. El escenario no podía ser más fotogénico. Ni más elocuente sobre lo que realmente ocurrió.
Las propuestas son difíciles de rechazar públicamente, no porque sean indefendibles sino porque atacan privilegios que nadie puede defender en voz alta. En municipios, reducción de regidurías a un máximo de 15 y una sola sindicatura por municipio, con los ahorros destinados a obra pública local.
En congresos locales, un tope presupuestal del 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad. En el Senado, reducción progresiva del gasto hasta un 15%. En el INE y los organismos electorales locales, tope salarial al nivel del sueldo de la presidenta, con eliminación de bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales.
Para los partidos, obligación de transparentar remuneraciones, reportar operaciones financieras en tiempo real y prohibición de recursos de origen no comprobable o del extranjero.
Y como pieza central, el fortalecimiento de la revocación de mandato, que podría realizarse en junio de 2027 o 2028. En papel es un mecanismo de democracia directa. En la práctica es una consulta nacional que Morena, con su base movilizada, ganaría con comodidad, y que le daría a Sheinbaum una legitimidad renovada en pleno proceso electoral de medio término. No es un riesgo. Es una apuesta con las cartas marcadas.
Pero el dato más revelador de la jornada no está en las propuestas sino en los discursos. Reginaldo Sandoval, líder de los diputados del PT, declaró ayer: “una vez más le decimos a nuestra presidenta que estamos 100% con ella y 200% con el pueblo de México”. Es exactamente la misma frase que pronunció el miércoles 11 de marzo en la tribuna de San Lázaro, justo antes de votar en contra de la reforma electoral. Palabra por palabra. La misma fórmula que sirvió para justificar el no ahora sirve para justificar el sí. Lo cual dice todo sobre el valor real de esa lealtad y sobre la naturaleza de una coalición que se mueve por conveniencia, no por convicción.
Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, fue aún más revelador sin proponérselo. Anunció que su partido apoya a Sheinbaum “ante adversarios internos y externos” y llamó a cerrar filas en torno a ella porque “el mundo y el país viven momentos difíciles.”
Es una confesión involuntaria: están reconociendo que la presidenta tiene adversarios internos, que esa es una realidad que ya no puede negarse, y que el PT se reposiciona ahora del lado correcto después de haberle fallado públicamente una semana antes. El regreso no es gratuito ni desinteresado. Es el movimiento de quien calculó que el costo de seguir afuera era mayor que el de volver.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, apareció como el articulador del acuerdo. “Haber alcanzado un acuerdo en torno al Plan B es un acierto político que demuestra que el diálogo sí da resultados”, declaró al salir de Gobernación. Es una frase que suena a celebración colectiva pero que en realidad describe su propio papel: el negociador imprescindible, el puente entre la presidenta y los aliados que la bloquearon, el hombre sin el cual el acuerdo no habría sido posible. Cada crisis que resuelve Monreal acumula capital político propio.
Sheinbaum ganó la segunda ronda. Pero la manera en que ganó –cuatro días de negociaciones, aliados que regresan con las manos levantadas repitiendo las mismas frases de la semana pasada– revela tanto como la victoria misma. Una presidenta con mayoría propia y coalición sólida no necesita cuatro días en Gobernación para que sus aliados cumplan lo que firmaron cuando era candidata. Lo que ocurrió esta semana no fue unidad. Fue la administración exitosa de una fractura que sigue ahí, que todos conocen y que nadie, por ahora, tiene interés en resolver del todo.
Pero atrás de la foto de manos levantadas y declaraciones de unidad, las fracturas siguen ahí. Dentro de la propia bancada de Morena, tres diputadas plurinominales –Giselle Arellano Ávila, Alejandra Chedraui Peralta y Santy Montemayor Castillo– votaron la semana pasada contra la reforma electoral, es decir, contra eliminar los plurinominales que las llevaron al cargo. La ironía no necesita comentario, pero el dato sí: las grietas están también dentro de las bancadas.
En el PT la contradicción es igualmente visible. Mientras Alberto Anaya garantizaba desde Gobernación el respaldo total al Plan B, Benjamín Robles Montoya, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, advertía que su partido no apoyaría un Plan B que buscara evadir el contenido del Plan A. El dirigente nacional dice sí; el militante pone condiciones. Eso no es unidad. Es la misma fractura de siempre, ahora con micrófono propio. Por lo pronto, la presidenta necesita a sus aliados para cambiar la Constitución. Pero ha aprendido a convertir cada negativa en argumento, cada derrota en evidencia y cada Plan B en una nueva oportunidad de preguntar, en voz alta, quién está del lado del pueblo y quién del lado de sus privilegios.