La Alcaldía Cuauhtémoc emitió este jueves una tarjeta informativa para realizar diversas precisiones jurídicas y administrativas respecto a la situación del ciudadano José Emilio Villar González y el uso de las instalaciones públicas de la demarcación.
Con relación al primer tema, la autoridad local detalló el proceso sobre la solicitud de reincorporación de Villar González como concejal. Según el documento, el pasado 1 de octubre de 2024, durante la sesión solemne de instalación de la Alcaldía, el ciudadano no firmó el acta correspondiente y presentó un escrito solicitando licencia por tiempo indefinido para incorporarse a otro encargo. Ante esta ausencia, el 30 de octubre de ese mismo año se tomó protesta al concejal suplente, Ricardo Martínez Martha, quien ha ejercido el cargo desde entonces.
A pesar de que el 2 de enero de 2026 el ciudadano Villar solicitó su reincorporación inmediata argumentando el fin de las causas que motivaron su separación, la Alcaldía aclaró que el marco jurídico vigente establece que, tras una ausencia mayor a 60 días naturales, el cargo debe ser ejercido por el suplente.
Asimismo, se precisó que la legislación actual no contempla atribuciones para que el Concejo o su Secretaría Técnica resuelvan reincorporaciones o den por terminada una suplencia ya formalizada bajo estos términos.
Por otro lado, la administración de la Cuauhtémoc se pronunció sobre la intención manifestada por José Emilio Villar el pasado 1 de febrero de realizar audiencias ciudadanas en la explanada de la sede delegacional.
Al respecto, la autoridad puntualizó que el inmueble es un bien de dominio público cuya administración y control corresponden exclusivamente a la Alcaldía, conforme a la Constitución de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de Alcaldías.
La normativa señala que cualquier persona interesada en utilizar espacios dentro del inmueble debe realizar una solicitud por escrito y contar con la autorización formal, por lo que un simple aviso no sustituye este procedimiento.
Finalmente, la Alcaldía subrayó que el concepto de audiencias ciudadanas no está previsto en el marco jurídico regulador y recordó que cuenta con las facultades legales para ordenar y recuperar el uso de bienes públicos que sean ocupados sin el permiso correspondiente.