Con el objetivo de transformar el reconocimiento simbólico en garantías legales, se presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de las Alcaldías. La propuesta busca que las expresiones culturales populares, específicamente los Sonideros, dejen de estar sujetos a criterios discrecionales y suspensiones arbitrarias por parte de las autoridades locales.
La iniciativa, impulsada por la diputada Diana Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, surge de la necesidad de armonizar el estatus de los Sonideros como Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital con la actuación administrativa de las 16 demarcaciones.
Durante la presentación del proyecto de decreto, se enfatizó que la identidad de la Ciudad de México se construye en la plaza y el barrio, y no desde los escritorios. Por ello, la reforma plantea que la vida cultural de las comunidades no puede depender del “humor o la ideología” de los gobernantes en turno.
“La cultura popular no se tolera, se protege; no se controla, se acompaña; no se criminaliza, se reconoce en la ley”, sentenció la legisladora en tribuna.
Puntos clave de la Reforma
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de las Alcaldías propone los siguientes ejes rectores:
- Lineamientos Claros. Obligar a las alcaldías a emitir y publicar reglas públicas y no discrecionales para el otorgamiento de permisos.
- Certeza Jurídica. Evitar decomisos y operativos punitivos que no distingan entre una actividad comercial privada y una práctica cultural comunitaria.
- Coordinación Institucional. Los lineamientos deberán trabajarse de manera conjunta con la Secretaría de Cultura de la CDMX.
- Enfoque de Derechos. Garantizar que el uso del espacio público respete la memoria colectiva y el tejido social que los sonideros generan en familias, jóvenes y adultos mayores.
Contra el trato desigual
La propuesta señala una contradicción actual: mientras el Estado reconoce a los sonideros como patrimonio vivo, la administración local los sigue tratando como un “problema administrativo”. Se argumentó que aplicar reglas de espectáculos comerciales masivos a expresiones de economía popular es jurídicamente incorrecto y socialmente injusto.
Con esta reforma, se busca asegurar que la Ciudad de México –bajo su visión de ciudad de derechos y libertades– proteja el derecho a la cultura de quienes sostienen estas prácticas diariamente, eliminando la desconfianza entre las autoridades y la comunidad sonidera.