Una semana después, el eco no se ha apagado. En los chats vecinales de la Tercera Sección del Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco siguen circulando mensajes, preguntas y una decepción que no encontró respuesta oficial. Lo que ocurrió el viernes 13 de marzo en la asamblea informativa del proyecto “Ruta Tlatelolco mi Amor” dejó algo más que micrófonos apagados: dejó una comunidad que salió con más dudas de las que tenía al llegar, y con la sensación de que sus problemas concretos —iluminación, seguridad, obras prometidas— importan menos que la guerra política que el gobierno de la Ciudad de México libra contra la Alcaldía Cuauhtémoc.
“Ciertamente, pareciera que son asambleas de propaganda política”, escribió uno de los residentes esa noche. La frase resume lo que muchos sintieron: que el proyecto, que en principio debía mejorar su unidad habitacional, se ha convertido en escenario de una disputa que no les pertenece pero que les afecta directamente.
El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, es el rostro más visible de esa disputa. Su decisión de impedir que tomara la palabra Irving Osvaldo López Velázquez, coordinador territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc invitado por los propios vecinos, no fue un gesto de impaciencia burocrática. Fue un mensaje político deliberado: el gobierno central de Clara Brugada no reconoce interlocutores de la alcaldía que encabeza Alessandra Rojo de la Vega. Hasta ahí, política de la mala. Pero lo que vino después ya no es política ni siquiera de la mala: es el catálogo de travesuras de un aprendiz que no sabe que lo están viendo.
Alessandra Rojo de la Vega exhibió públicamente que Pliego es administrador de un grupo de WhatsApp donde se coordinan campañas en su contra, se le insulta y se crean imágenes para denostarla. La alcaldesa lo preguntó directamente a Clara Brugada: ¿sabe usted lo que hace su funcionario? La pregunta no tuvo respuesta pública. Eso es apenas una muestra de la guerra política que el gobierno capitalino libra contra la alcaldía: una guerra que se pelea en chats, en asambleas y en múltiples frentes cotidianos, y cuyos daños colaterales los pagan los vecinos que vinieron a preguntar cuándo les van a arreglar las luminarias. Administrar chats de ataques y apagar micrófonos en asambleas vecinales no es política. Es lo que hace quien confunde el cargo con una licencia para el abuso y cree que las travesuras no dejan huella.
Pliego no aprendió que el liderazgo se gana, no se impone por la fuerza. Y la noche del 13 de marzo lo demostró frente a los vecinos de Tlatelolco: impedir que un coordinador territorial invitado por la propia comunidad tomara la palabra no es ejercer autoridad, es exhibir su ausencia. Comprender las necesidades y preocupaciones de quienes viven en la unidad habitacional —la falta de iluminación, los robos en zonas oscuras, las obras que no llegan— es exactamente lo que un funcionario de su cargo debería hacer antes de apagar cualquier micrófono. Eso es lo que estaba en juego esa noche, y eso fue lo que Pliego decidió ignorar.
Las batallas que libra Tomás Pliego no son personales, aunque lo parezcan. Son del gobierno de Brugada, de Morena, de una estructura política que ha decidido que el conflicto con la Alcaldía Cuauhtémoc vale más que la coordinación institucional. El problema no es que Pliego pelee: en política las batallas son inevitables. El problema es que no sabe dónde pelearlas ni cómo. Hay espacios para la confrontación política y hay espacios para gobernar. Una asamblea vecinal en Tlatelolco es de los segundos. Confundir los dos no es valentía ni convicción ideológica: es un error que pagan los vecinos con obras detenidas, instituciones que no se hablan y asambleas que terminan antes de que alguien haya respondido una sola pregunta concreta.
Tlatelolco tiene memoria larga. Sabe distinguir entre quien viene a servir y quien viene a imponer. Los vecinos lo dijeron con claridad: no se oponen a la inversión pública ni rechazan los proyectos de mejora. Lo que exigen es respeto, información clara y participación real. Es lo mínimo que cualquier comunidad puede pedir. Y es exactamente lo que un aprendiz de político, cachado en sus travesuras, no está en condiciones de dar.