La Bancada Naranja en el Congreso de la Ciudad de México, encabezada por el coordinador Royfid Torres González, presentó una serie de lineamientos fundamentales para la construcción de la próxima Ley del Sistema Integral de Cuidados. El legislador subrayó la necesidad de que este marco legal garantice el reconocimiento, la redistribución y la corresponsabilidad de las tareas de cuidado, basándose en un consenso amplio que incluya a todos los sectores involucrados.
Durante la presentación de resultados de la preconsulta realizada por las comisiones de Bienestar y Exigibilidad de Derechos y de Género, Torres González señaló que el congreso se encuentra actualmente en una omisión legislativa, ya que la Constitución local mandata la creación de esta ley y aún no se ha concretado. En este contexto, el diputado entregó un decálogo de elementos mínimos indispensables para el dictamen que se votará este año.
El objetivo central de la propuesta es transitar de un esquema donde el cuidado recae casi exclusivamente en las familias, de manera desigual, hacia un modelo de corresponsabilidad. Este nuevo enfoque busca que el Estado, la comunidad y el sector privado compartan la carga de estas tareas, reconociendo el cuidado como un derecho humano autónomo y no como un simple favor o ayuda.
Entre los puntos irrenunciables presentados por la Bancada Naranja para fortalecer la legislación se encuentran:
- Reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho autónomo, exigible y justiciable ante las autoridades.
- Diseño de una arquitectura institucional clara, con definición de competencias y una autoridad rectora que coordine los esfuerzos.
- Implementación de un financiamiento suficiente y progresivo, vinculado a anexos transversales en el presupuesto público.
- Establecimiento de sistemas de información, monitoreo y evaluación que sean transparentes y de acceso público.
- Sostenibilidad en la prestación de servicios, infraestructura y apoyos directos para las personas cuidadoras.
Torres González destacó que durante los últimos cuatro años han trabajado en tres propuestas de ley distintas y han organizado parlamentos abiertos con la academia y activistas para consolidar una propuesta realizable. Para el legislador, es prioritario que la ley esté a la altura de las necesidades de la capital y que reconozca tanto la autonomía de quienes reciben cuidados como el valor económico de quienes los brindan.
Finalmente, el legislador hizo un llamado a mejorar los mecanismos de difusión y participación ciudadana de cara a la consulta oficial que se realizará próximamente, asegurando que este ejercicio debe ser lo más incluyente posible para no dejar a nadie al margen de este derecho humano fundamental.