El miércoles pasado, Alejandro Moreno Cárdenas convocó a la prensa en la sede nacional del PRI para anunciar que su partido abrirá las candidaturas a ciudadanos y simpatizantes, presentar a los primeros cuadros territoriales de los llamados “Defensores de México” y exigir –con toda la autoridad moral que le queda– la construcción de una gran coalición opositora rumbo a 2027. “Nadie puede cerrar los ojos ante el único instrumento que tenemos para ganarle de manera contundente a Morena”, declaró. Tenía razón en el diagnóstico. El detalle es que nadie quiere sentarse a su lado. Todos lo saben. Todos, menos Alito.
Y por más que intente usar esa soledad como argumento –quien no se une al PRI le abre la puerta a Morena– la realidad es más simple: nadie quiere ir con él ni a la esquina. No es que la oposición no quiera ganar. Es que sabe perfectamente con quién no puede hacerlo.
Días antes de esa conferencia, la encuestadora Gobernarte publicó un sondeo sobre la capacidad de liderazgo de los principales dirigentes partidistas del país. La pregunta era directa: ¿quién tiene la menor capacidad de liderazgo nacional? Cuatro de cada diez mexicanos respondieron sin dudar: Alejandro Moreno Cárdenas. El resultado lo coloca diez puntos por encima del segundo lugar. Es, en ese sentido, un líder histórico: nadie le gana el primer lugar.
Pero Alito no solo convoca. También advierte. Quien rechace la coalición por “cálculos partidistas”, dijo, tendrá que rendir cuentas a la sociedad. Una amenaza curiosa viniendo del dirigente que más cuentas le debe a la sociedad, y no precisamente en sentido figurado.
Ayer, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó un reportaje que merece leerse con cuidado. Según la investigación, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 3 mil 400 millones de pesos en el ejercicio de recursos federales durante el gobierno de Alito en Campeche, correspondientes solo al año 2018. En 2022, el 98 por ciento de ese monto seguía sin aclararse. Pero en 2024, gran parte de esas observaciones quedó de pronto justificada.
El mecanismo que describe MCCI es revelador: algunas de las observaciones pasaron por la Dirección General de Seguimiento C de la ASF, encabezada por un funcionario que había colaborado con Pablo Angulo Briseño –uno de los hombres más cercanos a Alito y también oriundo de Campeche– cuando este presidió la Comisión de Vigilancia de la de la ASF en la Cámara de Diputados. El resultado: 2 mil 772 millones de pesos en observaciones eliminadas. El auditado era el gobernador. El que revisó las cuentas tenía vínculos con su círculo cercano. La ASF bajo David Colmenares fue, en este caso, más indulgente que rigurosa.
Todo esto ocurre mientras el PRI se desangra en silencio. De acuerdo con una nota de La Jornada, el corte más reciente del Instituto Nacional Electoral indica que el partido pasó de un millón 411 mil militantes en 2023 a 844 mil en la actualidad. Una caída de más de medio millón de personas en menos de tres años. En ese mismo periodo, Morena alcanzó 12 millones de militantes, el Partido Verde casi duplicó sus filas y hasta el PAN, en su reconocido estancamiento, sumó cerca de 90 mil nuevos integrantes. El PRI perdió. Solo el PRI.
La explicación que el partido ofrece es siempre la misma: la persecución, la inequidad, los recursos desiguales. Lo que no dice –lo que no puede decir– es que buena parte del derrumbe tiene nombre y apellido.
Alito se reeligió en 2023. Desde entonces, el partido ha perdido más de medio millón de militantes. Si alguien tiene otra explicación, que la ponga sobre la mesa. Mantiene el control del partido con una lógica que no admite grises: estás con él o estás fuera. Es, en ese sentido, un caudillo de segunda fila que aprendió del mejor o del peor, según se mire. Y como todo buen caudillo, confunde su permanencia con la del proyecto.
El problema no es solo moral, aunque lo moral importa. El problema es político y es electoral. Ni el PAN ni Movimiento Ciudadano quieren ir con él al siguiente ciclo y ambos tienen razones concretas para negarse. Jorge Romero sabe que sus análisis internos muestran el costo que el blanquiazul pagó en 2024 por la alianza con el tricolor. Dante Delgado, por su parte, no irá con el PRI bajo ninguna circunstancia y las razones van mucho más allá del cálculo electoral: fueron priistas quienes lo metieron a la cárcel. No es capricho. Es memoria.
El voto duro del PRI existe. Nadie lo niega. Hay una base de militantes y simpatizantes que no abandonarán las siglas por convicción, por costumbre o por falta de alternativa. Pero esa base ya no alcanza para ganar nada relevante y, mientras Alito siga al frente, tampoco alcanzará para sumar a los que están afuera.
Un partido que pierde medio millón de militantes en tres años, cuyo líder es señalado por cuatro de cada diez ciudadanos como el de menor liderazgo nacional, que enfrenta señalamientos documentados de irregularidades millonarias en su gobierno y que ningún socio potencial quiere cerca, no es un activo opositor. Es un lastre.
Y los lastres, a la larga, se sueltan o te hunden.