El sistema de justicia en el Estado de México opera, con frecuencia, como un mecanismo de relojería invertida: en lugar de proteger a la víctima, le entrega las herramientas al verdugo. Más que otro feminicidio en la estadística roja de la entidad, el asesinato de Anaid Belén Ramírez en Tultitlán es un caso de traición institucional que despoja de sentido a cualquier campaña de denuncia ciudadana. Anaid, una rescatista que confió en las instituciones, denunció formalmente a sus vecinos por el asesinato cruel de sus mascotas. Solicitó el resguardo de sus datos por temor a represalias, cosa que no sucedió.
Apenas unos días después de la notificación oficial a los agresores, Anaid fue ejecutada a balazos cerca de su hogar. Lo que convierte este crimen en un acto de terrorismo institucional es la filtración. Resulta que los perpetradores la confrontaron con detalles específicos que solo constaban en el expediente del Ministerio Público. ¿De qué sirve pedirle a la ciudadanía que acuda a las instancias legales si el funcionario que recibe el testimonio es el mismo que alerta al criminal? En Tultitlán, la fiscalía local se convirtió, por acción u omisión, en el departamento de inteligencia del agresor.
Este caso evidencia una putrefacción profunda en los cuerpos administrativos y judiciales. La filtración de datos personales es una herramienta de control y silencio vendida al mejor postor. Mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México anuncia investigaciones internas que rara vez terminan en castigos ejemplares, los responsables materiales del maltrato animal y del asesinato de Anaid permanecen prófugos. La lección para los mexiquenses es que denunciar ante una autoridad coludida es, en la práctica, firmar una sentencia de muerte. El Estado no solo falla en su deber de cuidado; además, se vuelve cómplice del silencio definitivo.
El diputado de ornato
En el otro extremo de la escala de injusticias, pero bajo el mismo techo de la impunidad institucional, aparece la figura del diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann. El legislador del Partido Verde se convirtió en el rostro del desprecio por la labor parlamentaria. Mientras en San Lázaro se discuten reformas que afectan la vida de millones de mexicanos, Valladares suma 51 ausencias en votaciones clave. Su prioridad no está en la curul que el pueblo de San Luis Potosí le otorgó, sino en los circuitos de la Fórmula 1.
El escándalo estalló tras difundirse imágenes de su viaje a Japón para acompañar al piloto Sergio “Checo” Pérez. En las fotografías, el diputado presume traslados en aviones privados y convivencias de lujo en Suzuka, una bofetada directa para una clase trabajadora que no puede faltar un solo día a su empleo sin enfrentar el despido. Valladares es la antítesis del servicio público; es el “diputado junior” que utiliza el fuero como un accesorio de estatus social. Con apenas ocho iniciativas presentadas en toda la legislatura —la mayoría de bajo impacto—, su productividad es inversamente proporcional a su frenética actividad en revistas de sociales. Su comportamiento expone una desconexión total con la realidad del país. Los privilegios de los que goza la clase política mexicana parecen blindar a personajes como Valladares contra cualquier sentido de responsabilidad ética. Para él, la representación popular es un cargo de ornato que se puede ejercer entre viajes internacionales y eventos de élite. El silencio de su bancada ante este ausentismo sistemático confirma que la lealtad política pesa más que el compromiso con el electorado. La presencia de Valladares en Japón, mientras su silla en México permanecía vacía, es la prueba de que para ciertos políticos el cargo no es un deber, sino una beca de lujo para seguir el circo de la exclusividad. No se porque pero usted me espera un diferente tú crees que es eso