La diputada Laura Álvarez Soto, del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, colocando sobre la mesa un tema que divide opiniones entre la urgencia de proteger a la niñez y los límites de la regulación estatal en el entorno digital.
La propuesta, construida en colaboración con la fundación ReStart y sus especialistas Mercedes Llamas y María Llamas, plantea modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para considerar las redes sociales como un factor de riesgo y obligar a las autoridades a emitir lineamientos que restrinjan su uso en este sector de la población.
La iniciativa pone la atención en un problema creciente: el uso intensivo de plataformas digitales entre menores. De acuerdo con lo expuesto, adolescentes en México pasan en promedio cerca de cinco horas diarias conectados a entornos que no están diseñados para su protección, con exposición temprana a contenidos sensibles desde los 6 u 8 años, además de riesgos como ansiedad, depresión y problemas de concentración.
También destaca el respaldo de especialistas y organizaciones civiles, así como la alineación con tendencias internacionales donde países como Australia han avanzado en restricciones, mientras que en Francia ya se exige consentimiento parental y en España se discuten medidas similares, lo que refuerza la intención de abrir un debate de fondo sobre salud digital.
Sin embargo, la propuesta también enfrenta cuestionamientos. Entre otro, aparece la viabilidad de una prohibición total en un entorno digital difícil de regular, así como el riesgo de que medidas restrictivas choquen con derechos como el acceso a la información y la libertad digital de los adolescentes.
Asimismo, cifras presentadas en la iniciativa, como el alto porcentaje de menores que navegan sin supervisión o los datos sobre sexting y explotación digital, evidencian un problema estructural que, para algunos sectores, no se resolvería únicamente con prohibiciones, sino con educación digital, acompañamiento familiar y políticas públicas integrales.
La iniciativa fue respaldada por legisladores de Morena y del Partido Verde, lo que anticipa que el debate avanzará en el Congreso local, en medio de una discusión más amplia sobre hasta dónde debe llegar el Estado en la regulación de la vida digital de niñas, niños y adolescentes.