Entre la precariedad y la resistencia, mujeres que trabajan como vagoneras en el Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México alzaron la voz para visibilizar su labor, denunciar abusos y exigir su regularización como trabajadoras no asalariadas.
“Yo siempre lo voy a decir con mucho orgullo, mi hijo es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, es ingeniero en electrónica, en la actualidad trabaja en una transnacional en Madrid, España, y obtuvo su carrera de los vagones del metro”, relató Patricia Martínez Rentería, presidenta de la asociación civil Leonas en Manada.
Durante un encuentro con alumnado de la Unidad Xochimilco de la UAM, integrantes de esta colectiva, considerada la primera organización de mujeres trabajadoras informales dentro del Metro y surgida durante la pandemia de COVID-19, compartieron testimonios que reflejan tanto las dificultades como la relevancia social de su actividad.
Explicaron que su principal propuesta es ser reconocidas, capacitadas y regularizadas dentro de la red de movilidad, donde no solo realizan comercio, sino que también desempeñan funciones de orientación, contención emocional y apoyo a usuarios en situaciones de riesgo.
Actualmente, el reglamento del Metro prohíbe el ambulantaje y, en caso de ser detenidas, las vendedoras son trasladadas a un juzgado cívico donde deben pagar una multa de 500 pesos o cumplir entre 13 y 20 horas de arresto.
A esta situación se suma la exposición constante a violencia, como extorsión, acoso y abusos tanto de policías como de usuarios, además de que denuncian que, en muchos casos, las quejas no prosperan, pese a que la mayoría son jefas de familia o madres solteras que recorren los vagones incluso acompañadas de sus hijos.
Por ello, insistieron en que su principal demanda es el reconocimiento formal de su actividad y el respeto a sus derechos humanos, los cuales consideran vulnerados durante operativos y acciones de vigilancia.
Como parte de sus propuestas, plantearon un plan piloto que contempla el uso de uniforme y gafete, capacitación en primeros auxilios y protección civil, así como la disposición de pagar impuestos y evitar el comercio en horas pico.
También buscan convertirse en “mapas caminantes” dentro de las instalaciones para orientar a los usuarios y fortalecer la confianza entre la población, aunque señalaron que, pese a un primer acercamiento con la Secretaría del Trabajo, no se han registrado avances. “Nos han dicho que está bien, pero nada más”, expresaron.
En el ámbito legal, recordaron que un juez ya las reconoció como un gremio vulnerable que requiere apoyo del Estado, aunque dicha resolución fue rechazada por las autoridades. La abogada Ana Paola Bolaños explicó que existen mecanismos como la figura de trabajo no asalariado, vigente desde 1975 en la capital, que permitirían su regulación, pero acusó falta de voluntad política para actualizar la legislación.
A pesar del contexto adverso, destacaron la solidaridad de usuarios que las apoyan durante operativos o incluso intervienen para evitar detenciones, así como la dimensión humana de su labor, ya que en emergencias como sismos o accidentes han contribuido a mantener la calma entre los pasajeros.
“En el terremoto de 2017 todos corrían asustados, les grité que se tranquilizaran y se pegaran a la pared y me hicieron caso”, recordó Isa, quien trabaja jornadas de entre ocho y doce horas diarias.
El encuentro, moderado por la doctora Mary Goldsmith Conelly, del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco, también evidenció el valor de la organización colectiva mediante apoyo psicológico y redes de ayuda que han permitido a muchas de ellas transformar sus condiciones de vida.
“Somos gente con ganas de superarse y lo único que necesitamos es apoyo; hemos logrado muchas cosas juntas y vamos por más”, concluyó Martínez Rentería, quien portaba una playera con el lema del grupo: “Hasta que la dignidad se haga costumbre”.
Crédito fotografía: Michael Rivera Arce