Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX, indicó que la planeación urbana no puede seguir basada en grandes desplazamientos, sino que debe garantizar que los servicios esenciales estén cerca de las personas. Durante la presentación de la propuesta Ciudad de futuro con visión de cuidados, habló de la importancia de contar con estancias infantiles, centros de atención, servicios de salud y espacios de cuidado ubicados estratégicamente para ser accesibles en tiempos razonables.
Señaló que esto es vital para quienes sostienen dinámicas de cuidado como madres, padres, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, resaltando que en la capital existe una distribución desigual de estas tareas que históricamente ha sido invisibilizada y que recae mayoritariamente en las mujeres.
Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde, advirtió sobre diversas irregularidades en el proceso del Plan General de Desarrollo (PGD). El legislador cuestionó la falta de transparencia al recordar que el tiempo de difusión previa del documento fue de apenas dos horas y media, calificando el contexto de su construcción como grave.
Atayde enumeró preocupaciones centrales como el uso excesivo de Inteligencia Artificial en la elaboración del plan, la omisión de temas clave y la viabilidad financiera. Alertó sobre riesgos específicos como las facultades para cambios en el uso de suelo, modificaciones que atentan contra los órganos de participación ciudadana y las llamadas centralidades que podrían profundizar la redensificación sin atender a las zonas periféricas.
En este mismo contexto, la diputada Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo, informó sobre la presentación de una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General en contra de la titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Patricia Ramírez.
La legisladora acusó violaciones graves a la ley durante la formulación y consulta del PGD, señalando que el documento nunca fue presentado a la Junta de Gobierno para su aprobación y que se ocultaron los mecanismos de participación ciudadana. Garza exigió la separación inmediata del cargo de la funcionaria para garantizar una investigación sin interferencias, advirtiendo que el proceso nace viciado y que no se puede construir desarrollo sobre bases ilegales.
Asimismo, la diputada Liz Salgado centró su intervención en la relevancia estructural del PGD, advirtiendo que actualmente no cumple su función principal de ordenar la política pública debido a fallas en su diseño y falta de alineación con el presupuesto.
Aunque reconoció que el documento acierta en diagnósticos sobre gestión de riesgos, subrayó que no define con qué recursos se ejecutarán las acciones, corriendo el riesgo de quedar como un instrumento meramente discursivo. Salgado enfatizó que el plan debe ser el puente entre la norma y la acción gubernamental, pero que actualmente no genera una base común para la ejecución efectiva en la ciudad.
Finalmente, la diputada Claudia Pérez abordó la situación de los pueblos y barrios originarios, señalando que el PGD vulnera sus derechos al no respetar sus tiempos ni procesos organizativos.
Denunció que las consultas han sido insuficientes y excluyentes, ya que no se les brindó el tiempo necesario para analizar un documento de tal magnitud. Pérez destacó la importancia de una reforma que garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada, y subrayó la carencia de infraestructura y servicios de cuidados en estas comunidades, donde el acceso a la justicia y la comunicación sigue siendo un reto mayúsculo que el plan general debe resolver con coherencia y respeto a su autonomía.