El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez no tardaron ni veinticuatro horas en ejecutar el manual. Ante las acusaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico y vínculos con la facción de Los Chapitos, ambos recurrieron al mismo argumento: esto no es un caso judicial, es un ataque político contra la Cuarta Transformación. Inzunza fue más lejos y metió a López Obrador en el paquete. Rocha declaró que se trataba de una amenaza contra “los emblemáticos liderazgos” del movimiento.
El recurso es tan viejo como efectivo en ciertos auditorios: disolver la acusación personal en la causa colectiva, convertir la defensa del pellejo en defensa de la patria. Pero hay una lectura más precisa de ese mensaje, que varios analistas ya hicieron sin rodeos: si Rocha cae, con él caen muchos otros. No héroes del movimiento. Cómplices, aliados, beneficiarios de la misma red.
El caso tiene un contexto que lo hace aún más explosivo. Llegó en medio de las negociaciones del T-MEC, días después de la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua, episodio que desató en el gobierno federal y en Morena un exaltado discurso de soberanía. Mientras los legisladores de la cuarta transformación se envolvían en la bandera nacional para blindarse de cualquier cooperación con Washington, el gran jurado del Distrito Sur de Nueva York aprobaba una acusación de 34 fojas contra diez funcionarios sinaloenses. El embajador Ronald Johnson había estado en Los Mochis apenas el 23 de abril, advirtiendo que Estados Unidos no toleraría la corrupción ligada al crimen organizado. Ya sabía lo que venía. Dejó el mensaje por cortesía diplomática.
No fue el primero. En enero pasado, el propio Johnson le había pedido a la presidenta Claudia Sheinbaum que actuara contra políticos vinculados con el crimen organizado antes de que lo hiciera el Departamento de Justicia. Trump, por su parte, ha sido explícito en múltiples ocasiones. En marzo de este año volvió a criticar la negativa mexicana a aceptar ayuda militar contra los cárteles: “Le ofrecí acabar con los cárteles en México, y por alguna razón, ella no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles porque, nos guste o no, los cárteles están controlando México”. La frase es burda pero el fondo de la advertencia era serio. Los asesores de la presidenta no supieron leer lo que se venía. Después de lo de Maduro, la prospectiva no debería ser el punto débil de nadie en Palacio Nacional.
La acusación, por su parte, no luce improvisada. Treinta y cuatro páginas construidas con años de trabajo de inteligencia y el testimonio de testigos protegidos de primer nivel, cuya identidad permanece reservada pero cuyo peso en el expediente es considerable. Las autoridades mexicanas han dicho que no se acompañaron pruebas suficientes. Puede ser cierto en términos formales del tratado bilateral. Pero cuando el Distrito Sur de Nueva York pide extradiciones, generalmente sabe lo que tiene. El caso de Cienfuegos fue la excepción, no la regla, y aun así el general regresó a México por presión diplomática de López Obrador, no por inocencia demostrada.
Aquí viene el punto que Morena preferiría no discutir: el caso García Luna. Durante años, el argumento favorito del movimiento para atacar al PAN y al gobierno de Calderón fue el del exsecretario de Seguridad condenado en Nueva York por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. Fue una acusación justa y contundente. Hoy ese mismo argumento regresa con nombre y apellido morenista en el expediente.
La presidenta enfrenta un dilema sin salida limpia. Cooperar con la extradición implica una sacudida política de fondo, porque Rocha Moya no es cualquier gobernador: es una figura del obradorismo duro, construida desde las entrañas del movimiento. No cooperar, o enredarse en el formalismo del “no hay pruebas suficientes”, implica abrir con Washington un pleito en el que México tiene muy poco que ganar y mucho que perder, con el T-MEC como rehén de fondo. El gobierno ha optado, al menos por ahora, por la tercera vía: el rodeo procesal, ganar tiempo, dejar que la FGR evalúe mientras la SRE protesta por los canales diplomáticos.
Lo que esa salida no resuelve es el problema de fondo. Claudia Sheinbaum recibió de López Obrador no solo la presidencia, sino también sus gobernadores, sus senadores, sus alianzas y sus silencios. Ha trabajado con determinación para desmontar parte del desastre heredado en materia de seguridad: los homicidios dolosos cayeron 41% en sus primeros dieciocho meses de gobierno, y marzo de 2026 registró el promedio diario más bajo desde 2016. No es poca cosa. Pero ningún indicador de homicidios resuelve el problema de gobernar con funcionarios que, según el Departamento de Justicia de la primera potencia mundial, cobraban sobornos mensuales del cártel y archivaban carpetas de investigación a cambio.
La gran oportunidad de Sheinbaum no es sobrevivir esta crisis. Es usarla. Tiene ante ella la posibilidad de separarse con claridad de lo más sombrío que dejó el obradorismo en los estados, no para abandonar al movimiento sino para rescatarlo de sus propias contradicciones. La presidenta tiene un compromiso con las mexicanas y los mexicanos que antecede a cualquier lealtad de partido, de movimiento, de liderazgo personal. Que lo entienda así quien necesite entenderlo.
Ya le tocará pagar su factura a quien construyó ese entramado durante seis años desde Palacio Nacional.