El artículo vigésimo segundo transitorio de la Constitución de la Ciudad de México ordenó al Congreso local revisar la división territorial de las alcaldías para equilibrar su tamaño poblacional. El plazo venció en diciembre de 2019. Desde entonces, cada legislatura hereda el pendiente y lo deja donde lo encontró: la III Legislatura ya inició funciones y el tema sigue durmiendo el sueño de los justos.
El diagnóstico no es nuevo ni es controvertido. Iztapalapa tiene un millón 835 mil habitantes, casi doce veces la población de Milpa Alta, que ronda los 152 mil. Gustavo A. Madero suma un millón 173 mil y Álvaro Obregón, 759 mil. Entre las tres concentran más de la mitad de los capitalinos que viven bajo el mismo modelo de gobierno unipersonal que administra Cuajimalpa, con apenas 217 mil habitantes. Nadie en el debate público discute si hay desequilibrio. La discusión, cuando la hay, es sobre quién se atreve a resolverlo.
El intento más elaborado hasta ahora vino del PAN. En enero de 2025, el entonces vicecoordinador de su bancada, Diego Garrido, anunció como parte de la agenda legislativa la partición de tres alcaldías: Iztapalapa se dividiría en cuatro (Cuitláhuac, Ignacio Zaragoza, Tezonco y Acatitla), Gustavo A. Madero en tres (Cuautepec, Lindavista y Aragón) y Álvaro Obregón en dos (la propia Álvaro Obregón, reducida, y una nueva San Ángel). La CDMX pasaría de 16 a 22 demarcaciones. No se quedó en el anuncio: en mayo de ese mismo año la iniciativa se presentó formalmente, con mapas y calles específicas trazando cada nuevo límite, apegada a la Ley del Territorio de la Ciudad de México y con el cuidado explícito de no partir pueblos y barrios originarios. Se propuso, incluso, que fuera a costo compensado, sin presión adicional sobre el erario. Año y medio después, no hay dictamen de esa iniciativa.
La respuesta oficial tampoco ha cambiado desde entonces. En mayo de 2025, cuando la iniciativa de Garrido ya estaba sobre la mesa, el entonces secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas –quien ya no ocupa ese cargo–, calificó la reconfiguración territorial como un “proceso irreversible”, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respaldó la idea de fondo –“un gobierno más pequeño gobierna mejor”– aunque advirtió que el obstáculo real es presupuestal: dividir Iztapalapa exige dividir también su presupuesto, y eso implica más recursos, no solo más límites en el mapa. Año y medio después no hay una declaración más reciente de ninguno de los dos, y el resultado legislativo sigue siendo el mismo: cero avance.
Durante la presentación de la agenda legislativa de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, la vicecoordinadora del partido en el Senado anunció que impulsará, desde la Cámara Alta, tres prioridades para la capital, con la división de alcaldías entre ellas.
A diferencia de la propuesta panista, centrada en el mapa, Barrales respalda la división y va más a fondo con un paquete institucional que presentó en mayo de 2025: concejales con voz deliberativa y fiscalizadora real, autonomía presupuestal para que las alcaldías administren los recursos de sus propios servicios –con reforma al artículo 122 constitucional de por medio–, un proceso participativo de foros y consultas, y una redistribución de la representación con criterios técnicos. En esa propuesta, Barrales recalcó: “No se trata de alcaldes unipersonales, sino de gobiernos de proximidad con concejo colegiado real”.
La diferencia frente a la propuesta de Garrido no está en el diagnóstico, que todo mundo comparte, sino en el paquete institucional que Barrales añade y en quién carga ahora el discurso: acusó al gobierno de Morena de anteponer el interés electoral al de la ciudadanía y llamó a reabrir una discusión que, dijo, acumula ya siete años de retraso.
Ahí está el fondo del asunto. La división de alcaldías no ha avanzado por falta de argumentos, de datos o de propuestas técnicas: hay al menos dos, con mapas y todo, sobre la mesa. Ha faltado voluntad política para tocar el reparto de poder, presupuesto y territorio que hoy tienen dieciséis gobiernos locales, varios de ellos gobernados por el propio partido en el poder. Mientras esa voluntad no aparezca, cada nueva promoción –sea del color que sea– corre el riesgo de sumarse a la pila de diagnósticos correctos y consensuados que nadie firma.
La pregunta obligada, entonces, no es si Morena dejará avanzar una iniciativa impulsada por el PAN o por Movimiento Ciudadano, sino si Clara Brugada –quien coincide con el diagnóstico y hasta con la premisa de que un gobierno más pequeño gobierna mejor– está dispuesta a resolver el obstáculo presupuestal que ella misma ha señalado. La decisión, al final, está en sus manos. Y la duda de fondo no es técnica: ¿vale la pena invertir en dividir el poder si eso significa gobiernos más cercanos y más eficaces? Siete años de mandato incumplido sugieren que, hasta ahora, la respuesta ha sido no.
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