El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, prefirió el insulto al debate. Cuando los diputados del Partido Acción Nacional anunciaron que impulsarán una reforma para crear juzgados especializados en despojo, el funcionario no respondió con argumentos ni con disposición al diálogo. Respondió con un señalamiento: que el PAN no tiene autoridad moral, que no se suba “politiqueramente” al tema y que debería revisar sus propias alcaldías antes de opinar.
Esa actitud no solo es contraria al espíritu de coordinación que la Ciudad de México necesita; es, además, selectiva con la verdad.
Cravioto señaló que Benito Juárez y Cuauhtémoc –ambas gobernadas por la oposición– concentran gran parte del problema, aunque en la misma entrevista también mencionó a Iztapalapa, alcaldía de su propio partido, entre las de mayor incidencia. El gesto de nombrarla no lo exime, sin embargo, de lo que vino después: cuando la Fiscalía capitalina detalló, dos días más tarde, el ranking completo por tasa de denuncias, el patrón que emergió fue otro.
Pero el corte de caja completo, presentado por la fiscal Bertha Alcalde el 5 de agosto, cuenta otra historia: en tercer lugar está Venustiano Carranza, con 27 casos por cada 100 mil personas; le siguen Xochimilco, con 26.5, e Iztacalco, con 25.7. ¿Y saben qué? Ninguna de esas tres demarcaciones es de la oposición. Dos son de Morena y una del PT. Cravioto tuvo la oportunidad de decirlo él mismo cuando habló con la prensa. No lo hizo. Prefirió señalar solo a las dos alcaldías de oposición y dejar que fuera la Fiscalía, días después, quien completara el mapa que él omitió.
El problema del despojo no tiene color político. Las víctimas no preguntan si su alcalde es de Morena, del PAN o de cualquier otro partido antes de ser despojadas. Lo que les importa es que haya una respuesta institucional rápida, efectiva y coordinada. Y esa respuesta no se construye con discursos que dividen a la ciudad entre “alcaldías buenas” y “alcaldías malas”, sino con trabajo conjunto entre el Gobierno central, las 16 demarcaciones, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Los números lo confirman. En la Ciudad de México se contabilizaron mil 966 despojos. Con una población de 9 millones 206 mil 944 habitantes, la tasa general es de 21.4 casos por cada 100 mil personas. Pero el mapa del delito tiene rostro de colonia: Centro, con 705 casos; Agrícola Oriental, con 379; Narvarte, con 367; Roma Norte, con 349; Doctores, con 348; San Andrés Totoltepec, con 314; Del Valle Centro, con 293; Santa María La Ribera, con 292; Obrera, con 267; y Pedregal de Santo Domingo, con 250. Son cifras que no caben en un mitin, pero sí en una estrategia seria.
Aquí viene lo más grave: si realmente hubiera disposición de trabajar con las alcaldías, la jefa de Gobierno ya habría puesto el tema del despojo como prioritario en el Cabildo de la Ciudad de México. ¿Y saben qué? Ese órgano ya existe. Se instaló el 8 de noviembre de 2024 como un espacio de planeación, coordinación y acuerdo entre el Gobierno capitalino y las 16 alcaldesas y alcaldes. Desde entonces ha sesionado en varias ocasiones –la instalación, una reunión a principios de 2025, un cabildo abierto el 9 de mayo y la sesión más reciente, el 6 de agosto de 2025–, con una periodicidad que en los hechos se ha quedado corta frente a la calendarización bimestral prevista. Está presidido por la propia Clara Brugada Molina y su secretario Técnico es –precisamente– César Cravioto.
Si el Cabildo funciona como dice su reglamento, ¿por qué el despojo no ha sido tratado ahí como una emergencia territorial? ¿Por qué el secretario de Gobierno prefiere pelear en conferencia de prensa en lugar de convocar a las 16 alcaldesas y alcaldes –incluidos los de su propio partido– a una mesa de trabajo específica sobre prevención, regularización y restitución de inmuebles? La respuesta es incómoda pero evidente: porque reconocer que el problema también golpea fuerte en las alcaldías de Morena rompería el relato de que todo es culpa de la oposición.
No se puede pedir unidad con una mano y sembrar división con la otra. No se puede exigir a los alcaldes de Cuauhtémoc y Benito Juárez que rindan cuentas si, al mismo tiempo, no se les convoca a un espacio formal de coordinación como el Cabildo para atender el tema de manera conjunta. La estrategia contra el despojo no puede ser un discurso de campaña; debe ser una política pública que trascienda las fronteras partidistas.
Cravioto tiene razón en una cosa: el despojo es un delito grave que requiere atención inmediata. Pero tiene un error de fondo que lastima toda la estrategia: cree que se combate con descalificaciones. No. Se combate con hechos, con coordinación real y con la voluntad de sentarse –en el Cabildo o donde sea– con las 16 alcaldesas y alcaldes a diseñar un plan que no distinga entre colores.
X: GarcíaJJavier
javiergarcia@tumanzana.press