A casi una semana de que una turba armada con tubos y piedras golpeara a funcionarias de la Alcaldía Cuauhtémoc en plena Zona Rosa, Clara Brugada no ha dicho una sola palabra. Ni un mensaje a Alessandra Rojo de la Vega. Ni una llamada del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. Ni un comunicado condenando la violencia contra servidoras públicas. Nada. El silencio como respuesta oficial.
En entrevista con Carmen Aristegui, Rojo de la Vega relató que desde antes del operativo intentó coordinar con la policía capitalina, que le confirmó su acompañamiento y media hora después se lo retiró. Le dijeron que se comunicara con el secretario de Gobierno, César Cravioto. Ella le escribió a la jefa de Gobierno a las 7 de la noche. Tampoco obtuvo respuesta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana estaba a media cuadra del lugar de los hechos. No salió nadie.
“Es momento que no se ha comunicado absolutamente nadie del gobierno con nosotros”, dijo la alcaldesa. No hay posicionamiento, no hay condena, no hay coordinación. Hay un gobierno que no habla con quienes deberían ser, cuando menos, sus interlocutores institucionales.
Cravioto, sin embargo, sí habla cuando le conviene. El 8 de junio se reunió con la Asamblea Antimundialista en su oficina, con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad como testigo, y se comprometió a respetar un antimural instalado en el bajopuente del Estadio Azteca hasta el 12 de junio. La obra recogía consignas sobre el agua, la gentrificación y las desapariciones. Dos días después, cuerpos de seguridad bloquearon una caminata programada en el lugar y esa misma noche retiraron el mural. El acuerdo, firmado con la CDHCM de por medio, duró menos de 48 horas. Vecinos y colectivos exigen desde entonces una disculpa pública y la restitución de la pieza. Siguen esperando.
El mismo patrón apareció en un frente completamente distinto. La Secretaría de Cultura quiso reinventar la Casa del Poeta Ramón López Velarde –un recinto que lleva décadas funcionando como punto de encuentro del gremio literario– sin avisarle a nadie. Sin mesas previas, sin consulta, sin el mínimo gesto de reconocer que ese espacio tiene comunidad, historia y arraigo. Poetas, narradores y académicos respondieron con una presión que el gobierno no supo anticipar ni contener. La secretaria Ana Francis Mor tuvo que dar marcha atrás: el proyecto quedó cancelado, el nombre histórico del recinto se preservó y el coordinador del espacio fue removido. El gobierno cedió en todo. No porque convenciera a nadie, sino porque no había hablado con nadie.
Los tropiezos se extienden a lo largo y ancho de la Ciudad. Para el Mundial, la administración capitalina destinó más de 2 mil millones de pesos a modernizar el Tren Ligero. La obra fue presentada como prioritaria, como promesa cumplida. Lo que vino después desafía esa narrativa: desde su reinauguración en mayo, el servicio ha colapsado en repetidas ocasiones, precisamente cuando más se le necesitaba. El miércoles 18, horas antes del encuentro Colombia vs. Uzbekistán en el Estadio Azteca, los pasajeros fueron bajados del tren y tuvieron que caminar por las vías. Trabajadores del sistema explican la falla con una lógica brutal: se compraron trenes nuevos y se pusieron a correr de a dos, pero nadie renovó la infraestructura eléctrica que los sostiene. La demanda se duplicó; la capacidad quedó igual. Una licitación para el mantenimiento de la catenaria fue convocada en 2023. Nunca se supo si alguien ganó el contrato.
Y mientras los trenes fallan, el dinero del Mundial se mueve en la opacidad. La columna de Peniley Ramírez en Reforma reveló el viernes pasado que el Fondo Mixto de Promoción Turística —que recibió 4 mil millones de pesos para financiar las obras— operó a través de fideicomisos privados en BBVA y HSBC, fuera del alcance de la Secretaría de Finanzas. Dos auditores consecutivos se negaron a emitir opinión sobre sus estados financieros porque el Fondo nunca les entregó la información completa. En los primeros tres meses de 2026, meses críticos para terminar las obras, el Fondo tenía presupuestados mil 200 millones de pesos en gastos y ejerció apenas 180. Los contratistas dicen que no han cobrado. La Contraloría y la Auditoría Superior tienen los documentos. Falta ver si hacen algo.
La ciudadanía ya sacó sus propias cuentas. Según la Encuesta EF de El Financiero, la aprobación de Brugada cayó de 61 por ciento en marzo a 56 en mayo –el nivel más bajo de su gestión–, mientras la desaprobación trepó a 43 por ciento. El transporte público concentra 44 por ciento de opiniones negativas. Y eso fue antes de que las lluvias de temporada exhibieran, una vez más, la persistencia de baches que dañan vehículos y la incapacidad del gobierno capitalino para anticiparse a una emergencia que se repite cada año con puntualidad. La próxima medición llegará con lluvias, baches y trenes varados de fondo. La aprobación solo puede ir en una dirección: hacia abajo.
Un gobierno que no dialoga con sus adversarios institucionales, que rompe acuerdos firmados ante testigos, que no consulta a sus propios aliados culturales, que inaugura obras sin terminarlas a lo largo y ancho de la Ciudad y que maneja el dinero público lejos de los auditores, acaba siendo un gobierno que no gobierna. Las encuestas no mienten: los capitalinos lo están notando.