El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 31 de agosto la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2026-2027, el documento que define cómo se seleccionará, capacitará y sustituirá a quienes integrarán las mesas directivas de casilla rumbo a la elección del 6 de junio de 2027. El acuerdo, identificado como INE/CG489/2026, pasó sin el voto de la consejera Carla Humphrey, quien desde entonces ha hecho pública una serie de objeciones que van del presupuesto institucional al tratamiento de las boletas planchadas, pasando por el corazón de la estrategia misma.
La organización civil Poder Ciudadano pidió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que analice de fondo las impugnaciones presentadas contra ese acuerdo. El llamado llega después de que se difundiera un proyecto de sentencia –elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, en los expedientes acumulados SUP-RAP-201/2026, SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026– que propone desechar las demandas de dos organizaciones civiles por, dice, carecer de interés jurídico para impugnar las nuevas reglas. El proyecto sí atiende, en cambio, el recurso del PAN, centrado en un punto más acotado: la vigilancia partidista de las entrevistas a aspirantes a supervisores y capacitadores electorales.
Ahí está la diferencia que Poder Ciudadano quiere que el Tribunal no pase por alto. Su presidenta nacional, Gabriela Sterling, planteó que la organización no busca que la Sala Superior adelante un fallo a su favor, sino que se pronuncie sobre si los cambios conservan las garantías de certeza, imparcialidad y objetividad que exige una elección nacional. La impugnación ciudadana, a diferencia de la del blanquiazul, cuestiona un paquete más amplio de modificaciones que, sumadas, reducen los márgenes con los que tradicionalmente se han integrado las casillas.
La lista no es menor: ocho días menos en la capacitación electoral –tres en la primera etapa, cinco en la segunda–; la sustitución del mínimo de revisitas y del criterio de dos personas aptas por cada funcionario requerido por un “número óptimo” calculado con datos históricos, tras el cual puede dejar de buscarse a la ciudadanía sorteada que no fue localizada; la posibilidad de incorporar secciones con estrategia diferenciada de nivel 2 sin autorización previa del Consejo Distrital; el reemplazo de la compulsa institucional contra bases de datos por una simple declaración bajo protesta de decir verdad para descartar que un funcionario de casilla sea servidor público impedido; y la eliminación del arranque automático de un procedimiento sancionador cuando un aspirante aparece en el padrón de un partido sin reconocer esa afiliación. También cambió la ponderación del examen frente a la entrevista en la selección de supervisores y capacitadores: de 60-40 pasó a 50-50.
Poder Ciudadano documenta, con cifras del propio Consejo General, que la proporción de personas propietarias designadas que efectivamente llegaron a integrar una mesa cayó de 92.26% en el proceso 2017-2018 a 89.35% en 2020-2021 y a 88.28% en 2023-2024, mientras crecía el peso de la ciudadanía tomada de la fila. En el proceso pasado hubo 18 mil 245 sustituciones de supervisores y capacitadores, lo que obligó a lanzar mil 465 convocatorias adicionales. La tendencia, dice la organización, es la contraria a la que necesitaría una estrategia que recorta tiempos y verificaciones.
Ese es, casi punto por punto, el mismo diagnóstico que ha expuesto Carla Humphrey desde dentro del Consejo General. En entrevista con Mario Campos para MVS Noticias, la consejera explicó que ha votado en contra de varias determinaciones recientes del organismo –el presupuesto, la propia ECAE y el criterio sobre boletas planchadas– por considerar que debilitan procedimientos construidos para dar certeza al proceso. Sobre el recorte de ocho días a la capacitación fue directa: “Los plazos de capacitación son muy relevantes” para la correcta integración de las mesas. También cuestionó el momento en que se aprobó la estrategia, apenas días antes del arranque formal del proceso electoral.
El INE, por su parte, ha defendido los cambios como innovaciones necesarias frente a las presiones presupuestales de una elección de gran magnitud. El consejero Uuc-Kib Espadas presentó la reducción de tiempos como parte de ese esfuerzo de eficiencia; la consejera Norma De la Cruz la describió como una convocatoria a la vocación cívica. Ninguno de los dos ha ofrecido, hasta ahora, la evidencia técnica que Poder Ciudadano y Humphrey piden: la que demuestre que menos tiempo, menos revisitas y menos verificación no se traducen en más improvisación el día de la jornada.
Lo que está en juego en la Sala Superior no es, entonces, solo un tecnicismo procesal sobre quién tiene interés jurídico para impugnar. Es si la sociedad civil conserva una vía para que un tribunal revise, antes de que arranque la operación, las reglas con las que se va a organizar la elección de 2027. Desechar las demandas por falta de interés jurídico equivale, en los hechos, a cerrar esa puerta justo cuando una de las propias consejeras del instituto ya la dejó entreabierta.
La pregunta obligada: si dentro del propio Consejo General hay una consejera votando en contra y documentando sus reparos, ¿qué margen le queda al Tribunal Electoral para decirle a la sociedad civil que no tiene nada que reclamar?
POR LAS CALLES… Miguel Hidalgo sigue sin cerrarse rumbo a la nominación de quien coordinará los trabajos de Acción Nacional. No es un problema de firmas ni de organización territorial: el criterio de género que originalmente asignaba mujer a Miguel Hidalgo y hombre a Coyoacán se invirtió entre los propios alcaldes, que ya acordaron el cambio: hombre en Miguel Hidalgo, mujer en Coyoacán. El acuerdo entre ellos está cerrado; lo que falta es que la dirigencia nacional del PAN lo autorice formalmente. Mientras eso ocurre, el sistema del CEN exige firmas de respaldo en al menos 30% de las secciones, con un mínimo de diez por sección. De la baraja que se ha mencionado en distintos espacios –América Rangel, Gabriela Salido, César Garrido y Miguel Errasti–, solo este último ha cumplido con el requisito y rebasa esa marca: más de diez firmas en la mitad de las secciones de la alcaldía y presencia en el 95% del territorio. El resto, hasta ahora, no aparece con firmas cargadas en el sistema. ¿Qué estarán esperando los que faltan para cumplir con el requisito?… En Álvaro Obregón, dicen los que saben, quien se está poniendo sus moños es Lía Limón. A cambio de abanderar a Acción Nacional como coordinadora de Patria, Familia y Libertad en la alcaldía, quiere diputaciones federales y locales para su equipo. Para muchos es un exceso. Para otros, se trata solo de un ajuste menor que tendría que ver con una eventual salida de Andrés Atayde del Congreso de la Ciudad de México.
X: GarcíaJJavier
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