Después de que la diputada federal del PAN, Margarita Zavala, cuestionó el proceso de consulta detrás del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el secretario de Gobierno, César Cravioto, no se limitó a defender el plan: acusó al PAN de que, durante sus doce años en el poder federal, incluido el sexenio de Felipe Calderón, “no consultaba la población, eran autoritarios en las decisiones que toman”. Y remató con una frase que se volvería el problema de esta columna: “Muy distinto a lo que hacemos en esta cuarta transformación”. Cravioto acusó además a la legisladora de estar mal informada y recordó que el plan lleva más de seis meses de consultas con miles de habitantes, cuyas opiniones, aseguró, ya se están incorporando al documento antes de que llegue al Congreso capitalino.
El problema es que ese “muy distinto” no resiste el contraste con lo que documentamos en la anterior entrega de esta columna sobre Tlatelolco: una coordinadora de programa que dejó de contestar a los vecinos, asambleas informativas canceladas, un grupo de chat comunitario interrumpido y obras detenidas desde abril sin que nadie explique por qué. Ahí no hubo consulta ni comunicación. Hubo, exactamente, lo que Cravioto le reprocha al PAN: decisiones tomadas sin consultar a la población, es decir, autoritarismo.
Un ejemplo es lo que ocurre en el barrio Caramaguey, en Tlalpan, donde decenas de familias que habitan el callejón Joaquín Romo –una vialidad de apenas tres metros de ancho– vieron llegar sin previo aviso a brigadas de ingenieros a marcar y medir el terreno para instalar un pilote de la Línea 4 del Cablebús. Nadie les avisó. Nadie les explicó. Y cuando pidieron audiencia para enterarse de los detalles del proyecto, la respuesta institucional fue, en el mejor de los casos, indiferente.
Suku Mejía Castillo, vecina del lugar, contó que la directora de Construcción de Teleféricos “A” de la Secretaría de Obras y Servicios, Brenda Ivette Hernández Márquez, ni siquiera conocía las particularidades del sitio donde se levantaría el soporte de concreto, y les respondió que las inconformidades eran normales en cualquier obra pública. El director de Participación Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan fue todavía más directo: les dijo que no estaban obligados a hacerles una consulta ciudadana. Es decir, la autoridad no solo no escuchó. Dejó por escrito, en los hechos, que no tenía obligación de hacerlo.
El caso de Yolanda Godínez es todavía más grave: habita el predio exacto donde se construirá el pilote, mantiene una disputa legal por ese mismo terreno, y un día simplemente vio entrar a un grupo de personas a marcar y medir sin su consentimiento. Ahí no hubo falta de comunicación. Hubo, lisa y llanamente, una entrada a un predio en litigio sin que nadie se tomara la molestia de tocar la puerta.
En Santa Bárbara, pueblo de Azcapotzalco, la Secretaría de Obras y Servicios que encabeza Raúl Basulto Luviano pintó una serie de murales en bardas privadas, sin autorización de los propietarios, como parte de los preparativos para el Mundial de Futbol. Cuando un grupo de vecinos, junto con la dueña de uno de los inmuebles, decidió agregarle a uno de esos murales la consigna “agua para las casas, no para las inmobiliarias” –en protesta por el desplazamiento que ha traído la construcción desmedida de edificios en la zona–, la respuesta no fue el diálogo sino la policía: elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron detener al rotulista, primero acusándolo de vandalismo y después, al no sostenerse el argumento, de obstrucción a la vía pública.
La propia dueña de la barda tuvo que salir a las redes sociales a aclarar que jamás autorizó el mural en su propiedad. La dependencia presumió en sus redes la “intervención casa por casa” para recuperar mil 900 metros cuadrados de andadores, juegos y murales en el pueblo, pero los vecinos fueron claros: nadie les preguntó.
Y seguramente hay muchos más casos. El más reciente es de ayer: un grupo de alrededor de 30 vecinos de la colonia Insurgentes Cuicuilco, en la alcaldía Coyoacán, bloquearon la Avenida del Imán y la calle Céfiro en protesta por las obras de la Línea 4 del Cablebús. Los habitantes aseguran que no se oponen al transporte público, pero denuncian que no fueron consultados y que las torres del proyecto representan riesgos por su cercanía a escuelas y hospitales.
Cravioto puede acusar al PAN de autoritario cuantas veces quiera. Pero el autoritarismo no se mide en lo que un funcionario dice del pasado, sino en lo que su propio gobierno hace en el presente: en las unidades habitacionales sin agua, en los callejones donde clavan pilotes sin avisar y en las bardas donde mandan pintar sin pedir permiso. Y ahí, lo que encuentran los vecinos de Tlatelolco, Caramaguey, Santa Bárbara e Insurgentes Cuicuilco no es un gobierno que escucha poco. Es, con las mismas palabras que usó Cravioto para describir al PAN, un gobierno que no consulta a la población y que es autoritario en las decisiones que toma.
La pregunta obligada es: si Cravioto necesita doce años y un sexenio ajeno para señalar el autoritarismo de otros, ¿cuántos meses de obras paradas, pilotes sin aviso, murales sin permiso y avenidas bloqueadas por la falta de consulta necesitará su propio gobierno para reconocer el suyo?
X: GarcíaJJavier
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