En la primera parte de esta columna describimos lo que está pasando en América Latina: el avance de la derecha y la ultraderecha en casi todos los países de la región, y los factores que lo explican. Corrupción, desgaste, promesas incumplidas, programas sociales que no alcanzaron, inseguridad que no cedió, y una izquierda que en varios países se volvió parte del mismo sistema que criticaba. El mapa se ha transformado. México y Brasil son hoy los únicos grandes bastiones progresistas que quedan en pie. Y la pregunta que sigue es inevitable: ¿qué tan sólido es ese bastión del lado mexicano?
Claudia Sheinbaum ganó en junio de 2024 con casi 60% de los votos. La aprobación presidencial sigue siendo alta. Morena domina el Congreso, la mayoría de los gobiernos estatales y tiene una estructura territorial sin competencia real. Nada de esto sugiere un desplome inminente.
Pero los factores que desgastaron a las izquierdas latinoamericanas no son ajenos a México. Son, de hecho, muy familiares. Los programas sociales –pensiones para adultos mayores, becas Benito Juárez, Sembrando Vida– son el pilar más sólido de la base electoral de Morena, exactamente como lo fueron las políticas de transferencia en Brasil, Argentina o Ecuador. Funcionaron mientras hubo dinero y mientras la economía creció.
El riesgo no es que desaparezcan de golpe: es que no alcancen. Que la inflación los devore. Que la economía se contraiga. Que las finanzas públicas no soporten el ritmo de sostenerlos. Cuando ese momento llegó en otros países, el voto que se creía cautivo empezó a moverse.
Hay que ser preciso sobre la autoría de los problemas. Sheinbaum no construyó los expedientes más comprometedores que hoy pesan sobre el movimiento. Pero los heredó. Y la pregunta que el electorado terminará haciendo, en 2027 o en 2030, es si hubo voluntad real de cerrarlos.
Andrés Manuel López Obrador dejó una lista de promesas incumplidas que el “pueblo bueno” –ese al que tanto invocó– no olvidará fácilmente. Las medicinas que no llegaron a los hospitales públicos. Las obras que quedaron a medias. El dinero que circuló sin transparencia durante seis años y que comenzó a documentarse con más detalle conforme avanzó el tiempo.
Pero el expediente más delicado no es el de la gestión: es el de las complicidades con el crimen organizado. Y aquí hay que ir directo al punto, porque el tema merece más seriedad que el argumento de la soberanía con el que algunos simpatizantes de Morena buscan blindar al movimiento de cualquier cuestionamiento.
El pueblo no es tonto. Sabe perfectamente lo que pasa en su colonia, en su municipio, en su estado. Sufre las desapariciones. Paga el cobro de piso. Ve cómo el crimen organizado regula la economía informal, controla territorios y, en demasiados casos, tiene nombre y apellido dentro de las estructuras del propio partido gobernante. Invocar la soberanía nacional cada vez que alguien pregunta dónde está su hijo desaparecido no solo es insuficiente: es una ofensa a la inteligencia de la gente.
El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es el más reciente y el más elocuente. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos –fiscales del Distrito Sur de Nueva York– presentó una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntamente colaborar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa: proteger sus operaciones, facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y recibir sobornos a cambio.
La acusación sostuvo que el apoyo criminal a Rocha Moya comenzó desde su campaña electoral de 2021. Ante la presión, el gobernador pidió licencia. Negó todo. Y calificó los señalamientos como “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional y la soberanía nacional”. El manual de siempre.
Lo que conviene recordar es que Rocha Moya ganó la gubernatura en 2021 con el respaldo de Morena. Que su nombre estuvo en las listas del movimiento. Que su victoria fue celebrada como parte del proyecto de transformación. Los resultados de aquella elección no daban entonces señales de alarma política. Ahora sí.
Las elecciones intermedias de junio de 2027, en las que se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, son un primer termómetro, no un punto de inflexión. La fragmentación de la oposición, la ausencia de un liderazgo alternativo creíble y el peso de los programas sociales hacen improbable una derrota significativa de Morena en ese ciclo. Pero podría haber sorpresas en algunos distritos, municipios y estados.
Precisamente el caso de Sinaloa –donde el desgaste por la violencia, las desapariciones y las acusaciones contra el gobierno estatal han erosionado la base electoral de Morena– podría ser un antecedente de lo que ocurre cuando las contradicciones se acumulan demasiado tiempo.
En cuanto a los nuevos partidos, el INE ha informado que los únicos que lograron registro son Somos México y PAZ. Movimientos como México Tiene Vida –de corte ultraconservador, con raíces en Nuevo León– o el Consejo Nacional de Nueva Derecha que lidera el panista Raúl Tortolero, admirador declarado de Trump y su movimiento MAGA, operan todavía como organizaciones extrapartidarias. Tortolero, quien protagonizó un sonado enfrentamiento con un militante de su propio partido que portaba una bandera de la comunidad LGBTIQ+, a quien le exigió retirarla porque –dijo– no correspondía a los valores del PAN y la calificó de “bandera marxista posmoderna”, es una de las figuras que encarna ese conservadurismo radical que busca hacerse de estructura electoral de cara a 2030. No tienen registro. No tienen estructura consolidada. No representan hoy una amenaza seria en las urnas.
El escenario de 2030 es diferente. Para entonces, México habrá tenido doce años consecutivos de gobierno del mismo movimiento político. Doce años es mucho tiempo. En doce años, cualquier fuerza política acumula promesas incumplidas, alianzas comprometidas, funcionarios desgastados y una base social que empieza a preguntarse si valió la pena.
Lo que enseña América Latina es que la derecha no ganó donde fue más fuerte ideológicamente. Ganó donde la izquierda fue más débil en los hechos: donde la corrupción no se combatió con firmeza, donde la inseguridad se minimizó, donde los programas sociales se convirtieron en clientelismo y donde la distancia entre el discurso y la realidad cotidiana se volvió insostenible.
México todavía tiene tiempo de aprender esa lección. La pregunta es si alguien en Morena quiere verla.
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