La guerra de filtraciones entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no es periodismo de investigación espontáneo. Todo indica que es un ajuste de cuentas político que corre por dos vías: cada vez que un partido incomoda al otro, aparece un expediente que lo pone en aprietos.
El origen de esta tensión no está en agosto de 2026, sino en la reforma electoral que Claudia Sheinbaum impulsó el año pasado. El PVEM y el PT la rechazaron de plano; Arturo Escobar, coordinador Político Nacional del Verde, la calificó de “ocurrencia” y presentó una contrapropuesta propia. Una reforma constitucional necesita mayoría calificada, y sin los votos de sus socios, Sheinbaum se quedó corta. Esa derrota legislativa le enseñó algo al Verde: que tiene poder de veto real.
Desde entonces, la relación con Morena dejó de operar por lealtad y empezó a operar por negociación a punta de amenazas. En la Ciudad de México, Jesús Sesma declaró que la relación con Morena es “inexistente” y se destapó para la candidatura a jefe de Gobierno en 2030. En San Luis Potosí, la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Gallardo, va sola y con todo para ganar. La alianza sigue de pie en la mayoría de los estados rumbo a 2027, pero ya no es una coalición de convicción: es una coalición de conveniencia, no de lealtad.
Detienen por extorsión en el Edomex a Raúl Piña Horta, miembro del PVEM y muy cercano a la cúpula de ese partido, justo cuando el Verde se pone difícil con las candidaturas. Y alguien filtra que el asesor de Rafael Marín Mollinedo —extitular de la Agencia Nacional de Aduanas, fundador de Morena en Quintana Roo y aspirante a la candidatura del partido en ese estado— está ligado a una red rumana, justo cuando se define quién llevará esa candidatura. Es la lógica del mercado político mexicano aplicada sin disimulo: si no me das lo que quiero en espacios y candidaturas, te ensucio con lo que tengo guardado.
El precedente ya existe, aunque no es del Verde: en Veracruz, el PT compitió solo en 2025 y le ganó posiciones a los propios morenistas. Esa demostración de fuerza le dejó claro a los aliados menores que romper la coalición no siempre sale caro, y hoy el PVEM juega esa misma carta de negociación. Morena necesita al Verde para no perder terreno en estados clave; el Verde necesita a Morena para no desaparecer del mapa. Pero hay una asimetría que conviene no perder de vista: Morena tiene más que perder porque es el partido en el gobierno. Cada escándalo no solo golpea al candidato de turno, golpea la marca completa. El PVEM, en cambio, lleva años acostumbrado a la etiqueta de “partido de los niños verdes” y sobrevive a pesar de todo.
Conviene no caer en la trampa de las encuestadoras, tanto las que dicen que Morena cae como las que dicen que sube. El termómetro real no está ahí: está en lo que el ciudadano va acumulando en la cabeza, pieza por pieza. Arcos Romero y Mollinedo representan la red rumana metida en Aduanas y ahora en campañas morenistas. Piña Horta y el PVEM en el Edomex representan la extorsión institucionalizada al interior de gobiernos aliados.
El orden en que salieron los otros dos casos importa tanto como los casos mismos. Primero fue Mara Lezama y sus vuelos privados, a finales de agosto; apenas esta semana, la compra de departamentos de Carlos Ulloa en Birmex. Dos escándalos patrimoniales en cuestión de días, dentro del mismo gobierno que hizo de la austeridad su marca. Mara Lezama y sus 97 vuelos privados representan la austeridad de papel frente al lujo real. Carlos Ulloa y Birmex representan al círculo íntimo del poder comprando departamentos de contado por 22.4 millones de pesos con un sueldo que no llegaba a 100 mil pesos mensuales.
Cada caso, por separado, no tumba gobiernos. Juntos arman un patrón que la ciudadanía empieza a leer con claridad: la promesa de acabar con la corrupción del pasado se desgasta con cada escándalo nuevo. El riesgo electoral más serio para Morena no es que pierda votantes de golpe. Es que el voto duro se desmovilice. El ciudadano que salió a votar en 2018 y en 2024 por la esperanza de un cambio, cuando ve que el asesor de un candidato morenista opera para una red rumana, que un funcionario verde en un gobierno aliado extorsionaba a empresarios gasolineros, que una gobernadora morenista acumuló decenas de vuelos privados y que un funcionario cercano a la presidenta compra departamentos de contado, no necesariamente cruza al lado de la oposición. Pero puede quedarse en casa. Y en una elección donde la participación decide, la desmovilización del voto propio es más peligrosa que la movilización del voto ajeno.
Aquí conviene ser precisos. Claudia Sheinbaum no es el problema; es la posible solución. La presidenta ha mostrado una postura firme contra la corrupción: fue ella quien pidió a los empresarios del Edomex que denunciaran ante la FGR el esquema de extorsión del funcionario verde, y es ella quien ha sostenido una línea de austeridad en el gobierno federal. El problema está más abajo: en los gobernadores, los candidatos, los funcionarios estatales, los operadores de campaña. Es ahí donde se filtra la corrupción que la 4T juró combatir.
Esa ventana ya se achicó un poco. Lezama respondió negando el uso de recursos públicos y disputando las cifras de la investigación; Ulloa explicó el origen de sus departamentos con herencias, ahorros y venta de inmuebles, y la propia Sheinbaum salió a respaldarlo: “todo es legal”, dijo sobre las compras del director de Birmex. El problema es que legal no es lo mismo que políticamente sostenible. Declarar un departamento no explica por qué un funcionario con sueldo de 100 mil pesos pudo pagarlo de contado, y llamar familiar a un viaje, no aclara quién lo cubrió. Sheinbaum conserva margen para separar a su gobierno de estos casos, pero cada vez que sale a respaldar en automático a los suyos, ese margen se reduce.
No toda la responsabilidad es de Morena. El PVEM tiene sus propios cadáveres en el clóset: la detención de Piña Horta no es un invento morenista, sino un funcionario verde real que extorsionaba a empresarios gasolineros con amenazas de clausura, y la historia del partido va de los “niños verdes” a la corrupción ambiental sin pausa. El problema, para efectos electorales, es que aunque el Verde esté igual de sucio, es Morena quien gobierna. El ciudadano no distingue entre “mi culpa” y “culpa de mi aliado”: si el gobierno de Delfina Gómez en el Edomex tiene funcionarios verdes extorsionadores, la factura la paga el gobierno, no solo el partido que los colocó.
La pregunta obligada ya no es si Morena puede tratar al PVEM como un socio menor, sino hasta dónde están dispuestos a llegar en este toma y daca de destapar cloacas para presionarse mutuamente. Lo que sí queda claro, por lo pronto, es que a ambos los están investigando con lupa.
POR LAS CALLES…
En Iztacalco la situación cada día se complica más. De acuerdo con la casa encuestadora CE Research, en julio pasado, Lourdes Paz ocupó el lugar 14 de 16 entre los alcaldes de la Ciudad de México; en agosto se mantuvo en el mismo lugar, y este mes bajó hasta la última posición: 16. La gente ya se pregunta si vale la pena apoyar y darle una segunda oportunidad a quien, además de tratar mal a quienes la apoyaron durante la campaña y permitieron que hoy ocupe la titularidad de la alcaldía, exprime a los trabajadores —de base y de confianza— y no toma en cuenta a los iztacalquenses. Por cierto, habrá que recordarle lo que dijeron tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum: no a la reelección.
X: GarcíaJJavier
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