Hay cartas que se redactan para pedir y otras para advertir. Las dos que un frente de organizaciones sociales de Azcapotzalco ingresó el miércoles 23 de septiembre, una dirigida a la jefa de Gobierno y otra al secretario de Vivienda, hacen ambas cosas a la vez: tono de cortesía, fondo de ultimátum.
Las firman Gilberto Ramos López, Noelia Felicitas Aguilar Cuevas, Verónica Ramos Tafoya, Joaquín Bernal Cataño, María Guadalupe Reynoso Islas y Adriana Raya Ortega, en nombre del Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco, que agrupa a colectivos como OPPA, la Asamblea de Barrios, FOSDA, CPBC, CSSAB y MARO. Son organizaciones de vivienda popular, de las que reivindican el origen del INVI en los sismos de 1985 y 2017, y hoy dicen que el instituto se desvió de su propósito.
El “vicio oculto”. A Clara Brugada le presentan el proyecto “Debo no niego, pago lo justo, cero intereses, cero actualizaciones”. Su diagnóstico apunta al esquema de recuperación crediticia: primero en salario mínimo, luego en unidades de cuenta de la Ciudad de México y finalmente en UMA. Tras 20 años de ese modelo, aseguran, las deudas han crecido por lo menos 200% respecto del préstamo original, incluso entre quienes han pagado puntualmente, y las mensualidades hasta 300%.
El resultado es una paradoja que ningún discurso de vivienda digna resiste: familias que pagan mes con mes y ven que la deuda no baja, sino que aumenta cada año, hasta que deciden dejar de pagar. Los firmantes afirman que el Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE) les informó que la cartera vencida es de 72% y sigue subiendo. Con esa cifra, difícilmente puede llamarse “recuperación” a lo que hace el instituto.
La propuesta es concreta. Cambiar el término “crédito” por “préstamo social tasa cero”. Reestructurar todos los adeudos en pesos, con una corrida financiera clara. Dar por terminada la obligación de quien ya cubrió lo prestado y compensar lo pagado de más. Reestructurar las mensualidades vencidas de quien dejó de pagar. Aplicar un “dos por uno” para quien pueda liquidar con 50% de la deuda existente. Mantener los incentivos por buen pago de 15, 20, 25 y 50%, este último a partir del quinto año de cumplimiento puntual. Abrir una ventanilla de recuperación en la Secretaría de Vivienda. Y fijar plazos para iniciar el régimen condominal y entregar escrituras individuales. El petitorio es uno solo: que el Consejo Directivo lo analice y lo publique en la Gaceta Oficial.
Se puede discutir la viabilidad financiera de cada punto. Lo que difícilmente admite discusión es la contradicción de fondo: el mecanismo diseñado para proteger a las familias más vulnerables terminó castigándolas, y eso ocurre bajo un gobierno que hizo de la vivienda uno de los ejes centrales de su agenda y discurso político.
La carta a Inti. La segunda misiva es más áspera. Va dirigida a Inti Muñoz Santini, a quien describe como secretario de Vivienda y director general del INVI, y le pide revisar con “transparencia y honestidad” el funcionamiento del instituto a casi dos años de su gestión. Sentencia que los resultados, para una gran mayoría de las organizaciones, no han sido los adecuados “y menos aun los esperados”.
El contraste que plantean es incómodo. La jefa de Gobierno instruyó al Congreso capitalino a asignar presupuesto suficiente para alcanzar, al cierre de su gestión, la meta de 200 mil acciones de vivienda. Los firmantes recuerdan que esa cifra solo la había planteado Andrés Manuel López Obrador entre 2000 y 2006 (36 mil viviendas nuevas y 164 mil mejoramientos), con menos presupuesto, pero en un tiempo en que los créditos se otorgaban en salario mínimo. Es decir, con dinero, respaldo político y una meta con fecha, el instituto no arranca.
La radiografía interna es peor. De las cuatro direcciones ejecutivas del INVI, dicen, solo medianamente funciona una, la del área social. El resto, “ni para atrás ni para adelante”, incluida la dirección general, a la que describen como “llena de papel con letra muerta”. Según su análisis, los trabajadores de base y muchos de estructura tienen las manos atadas porque la instrucción de avanzar no les llega, por lo que las minutas que se elaboran en la dirección general terminan en letra muerta.
De ahí la petición: la renuncia irrevocable del director general del instituto y el nombramiento de una persona adecuada. Para explicarlo recurren al futbol: cuando el equipo no cumple, los dueños no cambian a toda la plantilla; empiezan por el director técnico y por algunos jugadores que no rinden.
Hay un detalle que vuelve la solicitud todavía más incómoda. La propia carta presenta a Muñoz Santini como titular de la Secretaría y, al mismo tiempo, de la dirección general del INVI. Con esa lectura, el destinatario del reclamo y el destinatario de la renuncia solicitada son la misma persona.
El párrafo final. Y ahí está el punto que mejor resume el mensaje. Después de todo el diagnóstico, los firmantes cierran así:
“Dicho esto, reiteramos que usted es un gran político y conocedor de las tareas sociales, motivo por el cual la jefa de gobierno le brindó todo su apoyo para cumplir esta doble tarea, que penosamente y a todas luces no está sucediendo.”
“Sin más por el momento le externamos nuestro más amplio respeto en su carácter de secretario de vivienda de la ciudad de México. La decisión está en sus manos.”
Es, en los hechos, un certificado de fracaso en papel membretado, con elogio incluido. La “doble tarea” que Brugada le encomendó a Muñoz Santini, según quienes conocen el instituto desde abajo, “a todas luces no está sucediendo”. Y la frase final, “la decisión está en sus manos”, funciona como una invitación a irse antes de que lo decida alguien más.
Para Clara Brugada el asunto deja de ser administrativo. Quienes piden una salida son organizaciones de vivienda popular, precisamente el sector cuya causa reivindica el discurso oficial. Por un lado, reciben una cartera vencida que, según ellas, crece y una deuda que no baja; por el otro, un instituto que, dicen, no responde. Las cartas llevan sello de recibido del 23 de septiembre en la Jefatura de Gobierno y en la oficina del secretario. Lo que falta es lo que hace un gobierno que presume sensibilidad social: escuchar, corregir y, si toca, sacar a quien no está dando resultados.
La pregunta obligada es: ¿cuántas familias más tendrán que pagar su casa dos veces mientras el gobierno que prometió 200 mil acciones de vivienda decide si el problema está en la UMA, en el instituto o en quien lo dirige?
X: GarcíaJJavier
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