El miércoles 13 de mayo, el diputado local de Morena Gerardo Villanueva se sentó a hablar de vivienda. Lo que dijo merece leerse con cuidado, no porque sea revelador en sí mismo, sino porque confirma, desde adentro del sistema y con la autoridad de quien pertenece a la mayoría gobernante, exactamente lo que Noelia Aguilar y Gilberto Ramos llevan años denunciando desde afuera: que la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México no cumple con su función social y que las organizaciones que representan a quienes más necesitan un techo siguen siendo las primeras en quedar descartadas.
Villanueva es diputado de Mayoría Relativa por el Distrito 26, integra la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación y preside la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la CDMX. Lleva décadas en el movimiento urbano popular y no habla desde la ignorancia ni desde la oposición. Y lo que dice sobre la Secretaría de Vivienda es demoledor.
La inercia burocrática que padece la institución, señala Villanueva, es herencia de Miguel Ángel Mancera, quien redujo el presupuesto del entonces INVI a 1.6% del presupuesto total de la ciudad y convirtió a la institución en una que administraba el problema en lugar de resolverlo. Bajo esa lógica, la regla no escrita era clara: si una organización social quería vivienda, primero tenía que conseguir el terreno. Sin predio propio, no había nada que hacer. Eso excluía automáticamente a quien más necesitaba el apoyo, porque acumular doscientos o trescientos cincuenta mil pesos para comprar suelo está fuera del alcance de precisamente las familias que la ley obliga a atender primero.
El problema, dice Villanueva sin ambages, es que esa inercia no desapareció con el cambio de gobierno. Todavía en tiempos de la administración pasada la lógica era la misma: tráeme el predio o no pierdas el tiempo. Y aunque el presupuesto ha crecido de manera sustancial en esta administración —algo que el diputado celebra—, el burocratismo interno de la institución sigue siendo, en sus propias palabras, insufrible. Un laberinto de procedimientos que ralentiza, complica y en la práctica excluye a las organizaciones que no tienen padrinos dentro del sistema.
Hasta ahí, el diagnóstico coincide con el de las organizaciones. Pero Villanueva va más lejos. Señala al cártel inmobiliario como uno de los beneficiarios históricos de la complicidad institucional: ese entramado de intereses privados que durante años usó la norma 26 para solicitar permisos de vivienda de interés social y construir vivienda de lujo. Un cártel que, dice el diputado, fue acotado cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero cuya influencia en el ámbito local no ha desaparecido del todo.
La paradoja es incómoda y vale la pena enunciarla con claridad. La Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México depende de un gobierno de Morena. La Cuarta Transformación se define, entre otras cosas, por su enfrentamiento con los poderes fácticos, con las élites económicas, con los que históricamente han capturado las instituciones públicas para beneficio privado. Y sin embargo, un diputado de esa misma mayoría describe una institución que sigue operando con la lógica del pasado: lenta con los pobres, permeable con los que saben moverse, hostil con quienes más necesitan su apoyo.
No es un problema de presupuesto, o no únicamente. Es un problema de voluntad institucional y de quién controla realmente los mecanismos operativos de la Secretaría de Vivienda. El diputado Villanueva confía en que la jefa de Gobierno Clara Brugada meterá el acelerador y que se cumplirá el compromiso de doscientas mil acciones de vivienda. Puede que tenga razón. Pero las organizaciones sociales que llevan décadas en esto –y que fueron recibidas con un extintor cuando fueron al Congreso a pedir que alguien las escuchara– tienen motivos para ser más escépticas.
Porque el problema no es nuevo, ni es un mal diseño que se corrige con un decreto. Es una institución que aprendió a sobrevivir sirviéndose a sí misma. Y mientras eso no cambie, el lema de Noelia y Gilberto seguirá siendo más una denuncia que una consigna: debo, no niego, pago lo justo. Aunque nadie en el gobierno parezca dispuesto a escucharla.