El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, respondió esta semana a una pregunta sobre una posible alianza electoral con una fórmula cuidadosamente abstracta: no la sujetó a ningún estado en particular, ni a ningún partido en particular. “Nosotros llevamos un año, nueve meses diciendo que el PAN tiene que apostarle a sus siglas y eso no va a cambiar nunca jamás”, dijo, para inmediatamente después abrir la puerta que su propia frase parecía cerrar: “Vamos a tener la inteligencia, la humildad y la estrategia de ubicar cada realidad. Una realidad local no se va a imponer a 800 kilómetros de otra realidad local, ni una realidad local va a imponer la determinación que sea nacional”.
Traducido: el PAN mantiene la ortodoxia discursiva de crecer sus propias siglas a nivel nacional, pero deja en manos de las dirigencias estatales la decisión operativa sobre alianzas. Es, en los hechos, un mecanismo para negar la alianza en el discurso y permitirla donde convenga.
Solo que la propia dirigencia nacional se encargó de desmentir esa lectura horas después. El boletín oficial que el propio presidente del PAN distribuyó a través de sus redes sociales el mismo 26 de agosto no deja margen de interpretación desde el título: “Comité Ejecutivo Nacional del PAN tomará la decisión sobre alianzas en 2027, tras escuchar a dirigencias y militancia locales”. Ahí, Romero –citado en tercera persona por su propio equipo– aclara que “cualquier definición sobre posibles alianzas electorales rumbo a 2027 será una decisión de carácter nacional”, y que escuchar la realidad de cada estado “no significa que la decisión sobre eventuales alianzas quede en manos de los comités estatales”.
Es de sabios reconocer el error, y por unas horas pareció que Romero lo había hecho: había abierto la puerta a que cada estado resolviera su propia realidad. Pero el boletín lo regresó a como es él. Como la Chimoltrufia, dice una cosa y dice otra –o de plano vende caro su amor–: en la conferencia suena a apertura, por escrito suena a control absoluto. La diferencia no es menor, porque de un lado está la lectura de que las alianzas ya son inevitables en los hechos, y del otro, la advertencia de que nada se mueve sin el visto bueno de Romero.
Dentro y fuera del panismo se comenta, a sotto voce y desde hace tiempo, que la resistencia de Romero Herrera a una alianza formal con el PRI respondía a que el gobierno de la 4T tenía forma de presionar al dirigente blanquiazul con averiguaciones pendientes. Es un rumor con recorrido, no un hecho confirmado, pero las palabras de Romero –con todo y su corrección por escrito– permiten otra lectura, más pragmática que conspirativa: todo indica que a la dirigencia nacional del PAN le advirtieron que, sin alianza, varias elecciones locales son simplemente imposibles de ganar. Al construir una alianza competitiva, el PAN no solo suma votos: le complica el mapa a Morena en los territorios donde el propio partido en el poder se ha encargado de debilitarse.
No hace falta esperar a 2027 para ver la fórmula funcionando. En Nuevo León, la alianza PAN-PRI está prácticamente sellada, con Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey y hoy priista, como la carta que ambos partidos empujan para la gubernatura; encuestas de la consultora Cripeso ubican a esa coalición por encima tanto de Morena como de Movimiento Ciudadano, partido que hoy gobierna el estado.
En Sinaloa, el guion se repite con matices: la dirigencia estatal del PAN ha insistido en que existe “una línea nacional que impide” la alianza formal con el PRI, pero en los hechos la diputada priista Paola Gárate se registró en la plataforma panista de aspirantes a la gubernatura sin renunciar a su militancia, con el aval de la propia presidenta del PAN en el estado. El PRI local, por su parte, sigue llamando abiertamente a una “súper alianza” con el PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido Sinaloense. Es exactamente el patrón en la Alcaldía Cuauhtémoc: negar la alianza de nombre mientras se construye de facto.
El primer bloque de riesgo para Morena en la Ciudad de México no depende de la oposición: depende de la propia gestión. En Xochimilco, la alcaldesa Circe Camacho encabeza ya un caso definitivo de no reelección por un trabajo deficiente, agravado por la labor de obstaculización del exalcalde José Carlos Acosta, lo que deja a la demarcación fracturada al interior de Morena antes incluso de que arranque la definición de candidatura.
En Azcapotzalco, la alcaldesa Nancy Núñez arrastra un mal desempeño que solo se sostiene por el trato excepcional que le ha dado Clara Brugada, su amiga personal, quien le dio un plazo de tres meses para levantar en encuestas. Es exactamente el tipo de decisión a contracorriente de la realidad que puede convertir una elección local en una oportunidad para el bloque opositor, sea cual sea su color.
A esa lista se suma Iztacalco, donde Lourdes Paz enfrenta una investigación del IECM por el reparto de propaganda a cambio de datos personales de vecinos, y Álvaro Obregón, donde Javier López Casarín llegó con el respaldo del grupo de Marcelo Ebrard pero no ha cumplido acuerdos ni logra colaborar con el gobierno central.
Del otro lado del mapa están las demarcaciones donde la oposición no tendría que construir nada desde cero. Cuauhtémoc es el caso más avanzado: la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega gobierna ya con un bloque de facto entre el PAN y el PRI, aunque ella se presente formalmente como ciudadana sin partido. Conviene ser precisos aquí: no se trata de una alianza PAN-PRD-PRI, porque el PRD está dividido en dos facciones y ninguna de ellas está en condición de integrarse a ese acuerdo y una ya señaló que no van con Acción Nacional. El esquema, de formalizarse, sería estrictamente PAN-PRI.
Coyoacán es el otro caso a vigilar, aunque de naturaleza distinta: el alcalde panista Giovanni Gutiérrez mantiene control férreo del territorio y sostiene una relación cercana tanto con el PRI como con una facción histórica del PRD en la demarcación, lo que le da a la oposición una base de gestión propia, sin depender de una alianza formal, sobre la cual construir su siguiente candidatura.
El resto del mapa se define todavía por dinámicas internas de Morena antes que por la fuerza real de la oposición, pero la apertura de Romero cambia el cálculo: ya no se trata solo de si Morena elige bien a sus candidatos, sino de si, al equivocarse, deja el terreno servido para un bloque opositor que por primera vez en meses tiene incentivos claros para organizarse con método y no solo con consigna.
La pregunta obligada es si Romero logrará sostener la versión del boletín –control nacional absoluto– frente a una realidad que, de Nuevo León a Cuauhtémoc, ya se le adelantó por la izquierda: la de dirigencias estatales que negocian sus propias alianzas mientras la sede nacional decide, todavía, entre reconocer el error o corregirlo por escrito.
POR LAS CALLES… El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México inhabilitó por un año a la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, tras determinar abuso de funciones e irregularidades en el “Operativo Diamante” de 2023, el retiro de mobiliario en vía pública de comercios de la demarcación. La resolución, aún no firme, puede ser impugnada por la exfuncionaria en los plazos que ya corren.
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