El coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, presentó una propuesta para exhortar a las autoridades capitalinas a realizar auditorías de desempeño a los programas sociales. El objetivo central de este punto de acuerdo es medir la eficacia y eficiencia de los apoyos entregados, analizando si realmente están cumpliendo con la meta de reducir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad en la capital del país.
Durante su participación en la tribuna, Atayde Rubiolo enfatizó que el Estado tiene una responsabilidad ética con los beneficiarios de la política social. Sostuvo que, aunque el principio rector debe ser ayudar prioritariamente a quienes más lo necesitan, resulta indispensable contar con mecanismos de evaluación constantes que permitan perfeccionar las estrategias de apoyo y garantizar que los recursos cumplan su función transformadora.
El legislador señaló que históricamente se ha cometido el error de medir el éxito de la política social basándose únicamente en el incremento del presupuesto o en la cantidad masiva de apoyos repartidos. Ante esta situación, cuestionó si las acciones actuales están logrando una reducción real de la desigualdad o si simplemente se están administrando las carencias de la población sin generar cambios de fondo en su calidad de vida.
Recordó que la Constitución de la Ciudad de México establece el principio de progresividad, el cual no debe limitarse a la cobertura de beneficiarios, sino que debe reflejarse en resultados concretos que promuevan la autonomía de las personas. En este sentido, comparó la falta de evaluación con ensanchar tuberías sin atender las fugas, advirtiendo que gastar más dinero no equivale necesariamente a gastar mejor si no se fiscaliza el impacto real del gasto público.
La propuesta presentada plantea que instituciones como la Secretaría de Bienestar, la Contraloría y la Auditoría Superior asuman la tarea de fiscalizar el desempeño mediante indicadores claros. Esto permitirá conocer si los programas están generando movilidad social o si requieren ajustes estructurales. El coordinador panista aclaró que esta iniciativa no busca oponerse a los apoyos, sino fortalecerlos para proteger a los ciudadanos y asegurar que cada peso invertido contribuya al bienestar colectivo.
Finalmente, el diputado Atayde reiteró que cualquier política pública que carezca de evaluación corre el riesgo de fallarle a la gente. Concluyó que es momento de transitar hacia un modelo que privilegie la efectividad sobre el gasto inercial, asegurando que el diseño de los programas sociales en la Ciudad de México responda verdaderamente a las necesidades de movilidad y superación de la pobreza de sus habitantes.