Al participar en la Conferencia U20: Vivienda, asequibilidad y el derecho, que reunió a alcaldes y líderes urbanos de distintas regiones del mundo para intercambiar experiencias frente al encarecimiento de la vivienda, Clara Brugada Molina propuso construir una coalición internacional que coloque al Estado como actor central en la producción de vivienda social, en contraste con el modelo que durante décadas dejó al mercado la responsabilidad de garantizar el acceso a un hogar.
“La Ciudad de México se suma a esta iniciativa de construir una coalición por una vivienda asequible a nivel mundial. Yo sé que muchas ciudades que están aquí presentes se van a ir sumando”, expresó la mandataria capitalina en el evento realizado en Nueva York.
En su intervención, Brugada hizo un repaso de su historia personal y recordó que hace casi 40 años llegó a esa ciudad como activista social, en el marco del Día Internacional de los Sin Techo, con una demanda que, afirmó, mantiene plena vigencia: No housing, no peace. “Estamos aquí ya como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero con esas grandes luchas en defensa de la vivienda social, por políticas públicas para que la población pudiera tener acceso a ella”, señaló.
La titular del Ejecutivo local expuso que durante décadas en México se abandonó la política pública de vivienda y se dejó al mercado la tarea de garantizar el acceso a un hogar, bajo una lógica en la que la vivienda fue entendida como mercancía y millones de personas quedaron excluidas del sistema financiero. Frente a ello, destacó que la Ciudad de México ha construido un modelo que incorpora la participación directa de las comunidades. “Tenemos un modelo de producción, de transformación del territorio, y los movimientos sociales trabajan junto con el gobierno para construir viviendas sociales”, explicó.
Los tres ejes del modelo capitalino
Brugada informó que entre 2018 y 2025 casi medio millón de personas salieron de la pobreza de vivienda en la Ciudad de México, aunque reconoció que persisten desafíos como la escasez de vivienda, la gentrificación y la expulsión de comunidades derivada de las dinámicas especulativas del mercado inmobiliario. Por ello, explicó que la capital impulsa una política basada en tres grandes ejes: construcción masiva de vivienda social, regulación del mercado inmobiliario y cogestión con las comunidades.
Una de las primeras decisiones de su administración, recordó, fue crear la Secretaría de Vivienda y duplicar los recursos destinados a este sector. La meta planteada para 2030 es alcanzar 200 mil acciones de vivienda, tanto nueva como de mejoramiento. “Significa un avance sin precedente en el abatimiento del déficit de vivienda, del rezago habitacional”, afirmó.
Como parte de este modelo, la Ciudad de México entrega créditos a tasa cero a familias trabajadoras, con esquemas de pago cuya devolución no supera el 20 por ciento de sus ingresos. “Nuestra política de vivienda es también una política de democratización del crédito, de inclusión financiera a quienes históricamente han sido excluidos de la banca tradicional”, sostuvo. La jefa de Gobierno destacó que la vivienda social nueva que se construye en la capital puede tener un costo hasta tres veces menor al precio de mercado, con viviendas de menos de 50 mil dólares en zonas donde los inmuebles pueden alcanzar entre 150 mil y 200 mil dólares.
A esta estrategia se suma el inicio, este año, de una empresa pública de construcción de vivienda, así como la incorporación de criterios de sustentabilidad en los nuevos desarrollos. Además, se han instalado más de 16 mil tecnologías sustentables en viviendas, entre ellas sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos.
Suelo, mejoramiento y cuidados
Otro de los retos señalados por la mandataria es contar con suelo suficiente para producir vivienda social. En este sentido, informó que en los últimos dos años la Ciudad de México ha adquirido 250 mil metros cuadrados de suelo para desarrollar nuevos proyectos habitacionales. La política también contempla mejorar las condiciones de los hogares existentes, particularmente aquellos construidos mediante autoconstrucción y que requieren ampliaciones o renovación. “Este año alcanzaremos las 40 mil viviendas mejoradas y transformadas. La política de vivienda no se puede limitar a construir, hay que cuidarla, mejorarla y modernizar”, afirmó.
La estrategia incorpora además el Sistema Público de Cuidados en los nuevos conjuntos habitacionales, con espacios para el cuidado infantil, personas mayores y personas con discapacidad, así como lavanderías públicas gratuitas y comedores.
Rentas justas y arraigo comunitario
Ante la problemática compartida por ciudades de distintas partes del mundo, Brugada destacó las medidas que impulsa su administración para proteger a quienes rentan una vivienda. Informó que se promueve una ley de rentas justas, razonables y asequibles, con el objetivo de que los alquileres no aumenten por encima de la inflación, así como una iniciativa de reforma constitucional para reconocer el derecho al arraigo comunitario. La propuesta contempla también la creación de una defensa inquilinaria para brindar protección pública a las personas arrendatarias frente a posibles abusos, además de mecanismos para evitar que los procesos de desalojo dejen a familias en situación de calle. “Estamos reconociendo el derecho constitucional al arraigo comunitario, el derecho a no ser expulsado del barrio por los especuladores”, sostuvo.
Finalmente, la jefa de Gobierno recordó que la Ciudad de México será sede del Foro Urbano Mundial en 2028, por lo que invitó a las ciudades participantes a continuar este diálogo y expresó su expectativa de que las iniciativas planteadas durante estos encuentros se traduzcan en acuerdos y acciones concretas para garantizar el derecho a una vivienda asequible.