Habitantes de San Pedro Cuajimalpa realizaron clausuras vecinales en distintos inmuebles donde se pretende edificar desarrollos habitacionales, como protesta ante el avance de proyectos que, aseguran, no han sido sometidos a consulta del Pueblo Originario. Las acciones se llevaron a cabo en Castillo Ledón 193, Primera Cerrada de Adolfo López Mateos 50, Avenida José María Castorena 375 y Carretera México-Toluca 5591.
Los pobladores señalaron que en estos domicilios no se encuentra a la vista la información correspondiente a la publicitación vecinal y que, hasta donde tiene conocimiento la comunidad, ninguno de los proyectos ha sido consultado al Pueblo Originario, como lo exige la normativa. La situación, advirtieron, genera preocupación por los posibles impactos urbanos, sociales, económicos y culturales.
San Pedro Cuajimalpa es un Pueblo Originario con historia, identidad, tradiciones y formas propias de organización comunitaria. Su territorio, subrayaron, no puede entenderse únicamente como un espacio disponible para el desarrollo inmobiliario, sino como un elemento fundamental de su memoria colectiva y su continuidad histórica.
El fundamento jurídico de esta exigencia se encuentra en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que reconocen los derechos de los pueblos originarios, su libre determinación y autonomía, así como su participación en las decisiones susceptibles de afectarles. En particular, el artículo 59, apartado C, numeral 1, establece que deben ser consultados antes de que las autoridades adopten medidas administrativas o legislativas que puedan afectarles, mediante procedimientos de buena fe y con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
La comunidad precisó que la exigencia de consulta no debe confundirse con la publicitación vecinal: son mecanismos distintos y su cumplimiento debe analizarse conforme a la naturaleza de cada proyecto. La publicitación, recordaron, está regulada por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su reglamento.
Preocupación por gentrificación y costo de vida
Los pobladores advirtieron que la proliferación de desarrollos habitacionales puede profundizar los procesos de gentrificación, transformar el entorno, incrementar la presión sobre los servicios y contribuir al encarecimiento de la vivienda y de la vida cotidiana. También expresaron temor de que la revalorización inmobiliaria genere mayores cargas económicas, como un aumento en los valores catastrales y el impuesto predial, para quienes han habitado históricamente el Pueblo.
San Pedro Cuajimalpa, insistieron, no es una zona residencial homogénea desvinculada de su historia comunitaria. Es un territorio habitado por familias, comerciantes y trabajadores que sostienen una vida colectiva, preservan sus tradiciones y mantienen vínculos históricos con el lugar. El desarrollo urbano, señalaron, no puede significar el desplazamiento de sus habitantes ni la pérdida de las condiciones económicas que les permiten permanecer en su propio territorio.
Exigencias a las autoridades
Ante esta situación, los pobladores hicieron un llamado a las autoridades competentes para que verifiquen la situación jurídica y administrativa de los proyectos señalados, así como sus autorizaciones y manifestaciones de construcción; revisen el cumplimiento de las obligaciones de publicitación vecinal y garanticen el acceso público a la información; determinen las obligaciones de consulta al Pueblo Originario conforme al marco jurídico aplicable; evalúen los impactos urbanos, ambientales, hídricos, de movilidad y de servicios que podrían derivarse de las construcciones; y garanticen que las decisiones sobre el territorio respeten la identidad, la historia y los derechos de quienes habitan San Pedro Cuajimalpa.
Las clausuras vecinales, concluyeron, expresan la preocupación de una comunidad que exige ser escuchada y participar en las decisiones que pueden transformar su entorno y sus condiciones de vida.