Carl Schmitt decía que la política se define por la distinción entre amigo y enemigo. Lo que está ocurriendo en Morena de cara a las elecciones estatales de 2027 es la versión doméstica de esa tesis: el partido ya no necesita a la oposición para trazar esa frontera, porque la está trazando puertas adentro. En Baja California y Chihuahua, el enemigo a vencer ya no es el PAN ni el PRI. Es el compañero de partido.
El mecanismo que produjo esta guerra civil de baja intensidad tiene nombre y metodología: la encuesta de reconocimiento. Morena la convirtió en el sustituto de la vieja asamblea, y la oposición la copió a su manera. El resultado no fue más democracia interna, fue lo contrario. Las decisiones siguen siendo cupulares, solo que ahora se disfrazan de sondeo. Cuando un aspirante se siente excluido por una metodología que nadie transparenta, no reclama ante un tribunal partidista: se escinde, deserta o, en el peor de los casos, agrede. En 2024, al menos 130 aspirantes y candidatos fueron atacados presuntamente por el crimen organizado. Treinta y cuatro no llegaron a la boleta: los mataron.
Ariadna Montiel llegó en mayo a la presidencia de Morena con un mensaje que sonaba a línea dura: nadie con expedientes de corrupción será candidato, aunque gane la encuesta. Es una promesa que convierte a la dirigencia nacional en árbitro último, por encima de los números. El problema es que Montiel no llegó a apagar incendios nuevos. Llegó a heredar dos que ya estaban encendidos.
En Baja California, Marina del Pilar y Jaime Bonilla libran la disputa más sucia. Bonilla, el hombre que le entregó el estado a Morena en 2019, terminó acusando a su sucesora de “narcogobernadora” en una entrevista radiofónica, sin una sola prueba pública. Es exactamente el procedimiento que describe Umberto Eco en Construir al enemigo: no hace falta demostrar la acusación, basta con nombrarla para que el rival quede marcado. Marina del Pilar respondió acusando a Bonilla de haberle tendido la trampa de los audios filtrados, grabados en diciembre en oficinas del gobierno estatal.
De por medio hay un vínculo a proceso por Next Energy –el proyecto fotovoltaico por 4,500 millones de pesos que nunca se concretó durante el gobierno de Bonilla, y por el cual un juez lo procesó a él y a varios excolaboradores en marzo de 2026–, una investigación de la FGR contra su ex esposo Carlos Torres, por presunto narcotráfico y lavado de dinero, y una ruptura que ya dejó de ser amenaza para volverse hecho: el 21 de julio Bonilla se reunió con Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, en lo que se leyó como la fractura formal de la coalición Morena-PT en el estado.
Nueve días después, en un video filtrado, Bonilla amenazó con dedicar el resto de su vida a “chingarla”. Marina del Pilar, en rueda de prensa, respondió con la elegancia como arma: le deseó a su antecesor “paz, y que Dios lo bendiga”, y recordó que tanto Claudia Sheinbaum como Ariadna Montiel habían pedido priorizar la unidad del movimiento por encima del pleito. El propio Reginaldo Sandoval, líder nacional del PT, tuvo que salir a pedirle a Bonilla que “caminara en los acuerdos” del partido, con el argumento de que la pelea solo alimenta el crecimiento de Movimiento Ciudadano en la entidad.
El giro con más sabor, sin embargo, no es de Marina ni de Bonilla: es de Julieta Ramírez, la senadora con licencia que aspira a la candidatura y a quien Bonilla había amenazado con vetar. Ramírez no es una outsider en este pleito: se formó políticamente con Marina del Pilar, para quien trabajó primero como niñera y después como secretaria particular en el Ayuntamiento de Mexicali, y desde el Senado se convirtió en la defensora más visible de su gobierno frente a Bonilla, a quien llegó a llamar, tribuna en mano, “mentiroso profesional”: dijo ser ingeniero por la UNAM sin que esa institución tenga registro de él, dijo ser fundador de Morena aunque fue expulsado, y ahora dice ser del PT sin que los liderazgos de ese partido en Baja California lo reconozcan.
Ese es el mismo personaje con el que, este fin de semana, Ramírez dejó abierta la puerta a “construir acuerdos” por la unidad del movimiento, mientras aclaraba que a Marina del Pilar no le debe lealtades personales: “La lealtad es al proyecto, la lealtad es al movimiento, la lealtad es al pueblo video en donde dicen”, dijo, y agregó que si le toca dirigir Morena en el estado tomará sus propias decisiones y armará su propio equipo, empezando, aparentemente, por hacer las paces con el mentiroso profesional.
Entre amenazas grabadas, acusaciones de narcogobierno y una aliada que reescribe su propio pasado en tiempo real, hasta la coherencia interna de Morena en Baja California tiene derecho a parecer errática. Tres generaciones de liderazgo morenista –el fundador, la heredera y quien busque sucederla– peleando, negociando y, ahora, también reinventándose, en un estado catalogado de riesgo político-criminal muy alto.
En Chihuahua la pelea es más fría pero no menos peligrosa: enfrenta a Andrea Chávez, identificada con el grupo de Adán Augusto López, contra Cruz Pérez Cuéllar, que se exhibió reunido con la propia Montiel y con el llamado “grupo Coyoacán”. Ya no es una disputa de dos liderazgos locales. Es una disputa entre corrientes nacionales que usan un estado gobernado por la oposición como campo de pruebas. El PT estatal desconoce el respaldo que su dirigencia nacional dio a Chávez, y el PVEM condicionó su permanencia en la alianza a que gane Pérez Cuéllar. La encuesta, se supone, es vinculante. Pero Montiel ya avisó que también pesarán los “cuestionamientos éticos”, lo cual significa que la dirigencia se reserva el veto final.
Los dos casos comparten diagnóstico. La disputa no es por disciplina partidista, es por el control del aparato estatal: presupuesto, nómina, estructuras de lealtad. Y en ambos quien decide no es la militancia, son la encuesta, el veto de un aliado o la negociación de última hora entre corrientes. Ahí está la paradoja gramsciana del morenismo: construyó una hegemonía tan amplia que ahora no tiene afuera contra quien pelear, así que pelea consigo mismo. El PT y el Verde, que deberían ser comparsas de la coalición, descubrieron que tienen poder de veto y lo están usando. Ya no son aliados subordinados: son árbitros con capacidad de romper el bloque si sus condiciones no se cumplen.
La pregunta obligada es si Morena puede gobernar la fragmentación que ella misma diseñó, o si el costo de haber sustituido la asamblea por la encuesta y la democracia interna por el veto de la dirigencia terminará pagándose, otra vez, en territorios donde la política y la violencia ya no se distinguen con claridad.
X: GarcíaJJavier
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