Hace menos de un año, México hizo historia por las razones equivocadas. Con una participación de apenas 13% –contra el 60.9% que acudió a las urnas en 2024– y boletas que nadie sabía cómo llenar, el país eligió a casi 900 jueces, magistrados y ministros en el proceso electoral más complejo y menos informado de su historia reciente.
La Misión de Observación Electoral de la OEA lo documentó con rigor en su informe preliminar: candidatos sin evaluación técnica exhaustiva, comités que se autorregularon con criterios radicalmente dispares, campañas sin financiamiento y un electorado que en su aplastante mayoría simplemente no fue a votar. Ahora, con la segunda ronda en el horizonte –prevista para 2027, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum analiza posponerla a 2028–, la pregunta no es si hubo problemas. La pregunta es si habrá voluntad política de corregirlos.
La presidenta ha sido consistente: no habrá retroceso. La elección de jueces fue una promesa de campaña, fue avalada en las urnas de 2024 y representa, en su visión, una forma de acercar la justicia a la ciudadanía común. Esa postura no es caprichosa ni indefendible. El Poder Judicial que existía antes de la reforma tenía problemas reales: nepotismo, opacidad, salarios que escandalizaban, una distancia sideral con la gente.
Nadie que haya litigado en este país o esperado años una sentencia puede decir con honestidad que ese sistema no necesitaba cambios.
Pero una cosa es defender el principio y otra muy distinta es ignorar lo que la primera experiencia demostró. Javier Corral, presidente de la Comisión Judicial del Senado, y Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconocieron lo que la evidencia ya no permite negar: “se eligió a un grupo de candidatos no aptos” y hace falta un proceso de corrección para garantizar que la selección sea “mucho más eficaz, competente y transparente”.
No lo dijeron opositores ni organismos internacionales hostiles al proyecto. Lo dijeron los aliados más cercanos de la presidenta.
El informe preliminar de la OEA documenta por qué. Ninguno de los candidatos que llegó a las boletas atravesó una evaluación técnica exhaustiva: el Comité del Poder Judicial interrumpió sus labores antes de completarla, y los otros dos nunca la incluyeron en sus criterios.
Las entrevistas del Comité del Ejecutivo duraban en algunos casos menos de diez minutos. Varios aspirantes reconocieron haber preferido registrarse ante los poderes Ejecutivo y Legislativo precisamente por sus menores niveles de exigencia. El resultado fue lo que cabía esperar: una boleta sin garantías de idoneidad y un electorado que lo intuyó y se quedó en casa.
Hay datos que acompañan ese diagnóstico y que vuelven urgente actuar antes de la siguiente ronda. Las nueve candidaturas con mayor votación para la Suprema Corte fueron promovidas en acordeones físicos y virtuales repartidos el día de la jornada. Seis de los nuevos ministros fueron postulados por el comité del Poder Ejecutivo; los tres restantes son integrantes de la corte actual nombrados en su momento por el expresidente López Obrador.
La OEA formuló en su informe una pregunta que no es retórica: ¿con qué base puede sostenerse la autonomía e independencia del máximo tribunal respecto al Ejecutivo? El INE, por su parte, organizó la elección con apenas el 52.9% del presupuesto que solicitó, lo que obligó a reducir en más de 50% el número de casillas respecto a la elección de 2024, cancelar 60 programas institucionales y recortar los fondos destinados a la Unidad de Igualdad de Género. Una elección histórica, financiada a medias.
Las recomendaciones de la OEA no son un ataque a la reforma: son su manual de operación. El organismo pide que todos los postulantes realicen un examen técnico anónimo con criterios claros; que se exija experiencia mínima en el área jurídica específica del cargo; que la evaluación de idoneidad recaiga en un órgano independiente de los tres poderes; que se amplíen los plazos para el control de elegibilidad; que se publiquen en tiempo real los criterios, actas y resoluciones de los comités; y que se apruebe una ley marco que regule el proceso de principio a fin, reduciendo la discrecionalidad que en 2025 obligó al INE a emitir 308 acuerdos para llenar vacíos normativos sobre la marcha.
Ninguna de esas propuestas contradice el espíritu de democratizar la justicia. Todas lo fortalecen. Una elección popular con candidatos idóneos es más legítima, no menos.
Corregir no es desmantelar. Pero hay otro actor que hasta ahora ha optado por el papel más cómodo del escenario: la oposición.
PAN, PRI y el resto de las fuerzas que se opusieron a la reforma tienen hoy una decisión que tomar. Pueden seguir apostando al fracaso del modelo, confiando en que el 87% de abstencionismo les dé la razón sin tener que hacer nada. O pueden entender que, mientras ellos observan desde las gradas, la reforma avanza, los jueces se eligen y los ciudadanos que sí van a votar lo hacen sin más orientación que un acordeón entregado en la puerta de la casilla.
La oposición no puede exigir un Poder Judicial independiente y al mismo tiempo negarse a participar en el proceso que lo define. Si de verdad les preocupa la calidad de quienes integrarán los tribunales del país, el lugar para demostrarlo no es la tribuna parlamentaria ni la denuncia mediática, es la discusión sobre las reglas de la próxima elección y, llegado el momento, las casillas.
Ante la CIDH, la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras advirtió que México enfrenta “una transformación que debilita garantías estructurales, estabilidad en el cargo, inamovilidad, seguridad personal y presencia de presiones indebidas”, y llamó a los demás países de la región a no replicar el modelo. La misión de la OEA fue igual de directa en sus consideraciones finales: no recomienda que este esquema se exporte. Esas señales no deberían leerse como argumentos para dar marcha atrás. Deberían leerse como presión para que la segunda vuelta sea irreprochable.
La presidenta tiene razón en una cosa: no ocurrió el apocalipsis que algunos anticiparon. Pero de ahí a concluir que todo salió bien hay una distancia que los números no permiten recorrer. Un 13% de participación, una Suprema Corte cuya composición exhibe una concentración incómoda de vínculos con factores de poder y jueces recién electos que en varios estados renunciaron a las pocas semanas de asumir, no son las señales de un sistema que funciona. Son los indicios de un sistema que aún debe demostrar que puede funcionar.
La segunda elección judicial será, en buena medida, el examen real de la reforma. Si se lleva a cabo con las mismas reglas y los mismos vacíos de la primera, el resultado será peor: más desconfianza, más votos nulos, más jueces cuya legitimidad quedará en entredicho desde el primer día.
Si en cambio se aprovecha el tiempo –ya sea 2027 o 2028– para construir un proceso con evaluaciones serias, candidatos verificados, financiamiento suficiente y ciudadanos informados, la elección popular de jueces podría convertirse en lo que sus impulsores prometieron.
Pero para eso, todos los actores tienen que estar en la mesa. El gobierno, ajustando las reglas. La oposición, participando en lugar de boicotear. Y los ciudadanos, exigiendo que la próxima vez les expliquen, de verdad, por quién votan.
La reforma sobrevivió a su primera prueba. La pregunta es si sobrevivirá a la segunda sin corregir lo que la primera dejó al descubierto. Y esa no es una pregunta que pueda responder solo el gobierno.
X: @GarcíaJJavier