Hay una frase que circula en los textos académicos sobre seguridad en América Latina y que debería leerse en cada mañanera, en cada conferencia de prensa y en cada sesión del Congreso: “Es inútil tener policías corruptos y mal equipados, pero es mucho peor tener policías corruptos y bien equipados”. La escribió el investigador Jorge Chabat en el libro Seguridad, corrupción e impunidad en América Latina, publicado por el Real Instituto Elcano, la Fundación Friedrich Naumann y la UDLAP. La cita resume con una precisión incómoda el problema que ningún gobierno mexicano ha querido poner de frente: la corrupción no es una consecuencia de la inseguridad. Es su causa.
Las encuestas más recientes lo confirman con una consistencia que ya raya en el hartazgo. En la medición de De las Heras de mayo de 2026, el combate a la corrupción es el único rubro donde la percepción de que las cosas han empeorado con Sheinbaum supera a la de que han mejorado: 46% contra 37%. Es el indicador más negativo de todo el estudio, por encima de seguridad y economía. Electoralia registra que la corrupción es el principal problema del país para 40% de los encuestados. TResearch la ubica en primer lugar con 32.4%. Tres encuestas distintas, misma conclusión: los mexicanos saben dónde está el fondo del problema aunque sus gobernantes finjan no verlo.
Y aquí viene el dato que debería avergonzar a más de uno. Según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, Andrés Manuel López Obrador terminó su sexenio con 26 puntos sobre 100, dos menos que Enrique Peña Nieto al final del suyo. El presidente que gritó “¡Muera la corrupción!” en su último Grito de Independencia dejó a México en el lugar 140 de 180 países, con la peor calificación de las últimas dos décadas. No es un dato menor: AMLO llegó con el combate a la corrupción como bandera, gobernó seis años con mayoría absoluta en el Congreso y el país terminó percibido como más corrupto que con el priista al que tanto se criticó.
Los casos mediáticos del sexenio pasado hablan solos. Segalmex, el organismo creado para sostener los programas de bienestar alimentario, registró desvíos por más de 15 mil millones de pesos a través de contratos fraudulentos y empresas fantasma, según documentó la Auditoría Superior de la Federación. Y mientras AMLO presumía haber acabado con el robo de combustible en los ductos, una red mucho más sofisticada perforaba las finanzas del Estado: el huachicol fiscal, un esquema de evasión de impuestos mediante la importación ilegal de combustibles disfrazados como aditivos o químicos en las aduanas.
Según documentó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, solo una empresa fantasma vinculada a esa red –Marlaya SA de CV, ligada además al CJNG– defraudó al fisco con más de 29 mil millones de pesos, un monto cuatro veces mayor que la Estafa Maestra del sexenio de Peña Nieto.
El periodista Raúl Olmos, en su investigación Huachicol Fiscal, estima que la evasión total entre 2018 y 2025 alcanzó los 600 mil millones de pesos, el mayor desfalco en 205 años de historia nacional. Todo bajo el amparo, según el propio libro, de altos mandos navales y funcionarios del círculo íntimo de Palacio Nacional.
Y luego está el caso de Adán Augusto López, el hombre que fue secretario de Gobernación de AMLO y coordinador de Morena en el Senado. Las notarías del senador tabasqueño y su hermano Melchor fueron el vehículo para constituir empresas que, según documentó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, terminaron involucradas en el desvío de 464 millones de pesos de Pemex como parte de la Estafa Maestra.
Adán Augusto acumula 37 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, vinculadas a posibles desvíos detectados por la ASF en Tabasco durante su gubernatura. La trama tiene ramificaciones: el empresario Fernando Padilla, que obtuvo millonarios contratos en gobiernos del círculo de Adán Augusto en Chiapas y Tabasco, terminó financiando las “caravanas de salud” de la senadora con licencia Andrea Chávez, quien aspira a la gubernatura de Chihuahua. Contratos públicos convertidos en campaña política, con el erario de por medio. El esquema no es nuevo. Es el esquema de siempre.
Pero si hay un caso que sintetiza en un solo nombre la tesis central de esta columna –corrupción e inseguridad como dos caras de la misma moneda– ese es el de Rubén Rocha Moya. El gobernador de Sinaloa, senador de la coalición de AMLO desde 2018 y gobernador morenista desde 2021, fue acusado formalmente en abril pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber sostenido nexos con Los Chapitos desde antes de llegar al poder. Según el expediente, líderes del Cartel de Sinaloa habrían robado papeletas y secuestrado candidatos opositores para favorecer su elección. Rocha Moya pidió licencia. La FGR revisa el expediente. El daño –una entidad entera capturada, una guerra sangrienta que desde 2024 tiene a los sinaloenses atrapados entre dos facciones del mismo cartel– ya estaba hecho.
Un problema grave, como lo documenta una investigación de la periodista Laura Sánchez Ley publicada el 6 de mayo en Milenio, es que la justicia en México no llega o llega tarde. Revisadas las sentencias públicas del Consejo de la Judicatura Federal entre 2018 y la fecha, encontró que en ocho años los tribunales federales emitieron apenas 26 condenas contra servidores públicos por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Tres sentenciados por año. El tiempo promedio entre la comisión del delito y la sentencia fue de 8.6 años. El caso más rezagado tardó 16 años en cerrarse. En al menos seis de esas 26 sentencias, la inhabilitación –la consecuencia que impide al funcionario volver a ocupar un cargo público– estuvo ausente. Se puede robar, esperar una década, cumplir una pena breve y regresar a la función pública. El círculo vicioso no es metáfora: es metodología.
Ese es el México que Claudia Sheinbaum recibió. No es una exculpación, es el diagnóstico.
Chabat lo dice con claridad de quien ha estudiado el fenómeno durante décadas: el arma del crimen organizado no son los AK-47, son los cañonazos de dinero. Y mientras más dinero acumula el crimen –y en México acumula cantidades estratosféricas–, más autoridades puede corromper, lo que a su vez le permite acumular más. Un círculo que solo se rompe cuando el Estado decide, de verdad, atacar la corrupción antes de comprar más patrullas.
Las encuestas de aprobación de Sheinbaum muestran números sólidos: entre 67 y 76% según la casa consultada. Pero esos mismos instrumentos revelan que 43.8% la considera nada efectiva en el combate a la corrupción, según GobernArte, y que solo 37% cree que ha mejorado ese rubro, según De las Heras. La presidenta puede tener buenas calificaciones generales y al mismo tiempo un talón de Aquiles muy visible. El libro del Real Instituto Elcano lo resume con una fórmula que parece escrita para México: a mayor corrupción e impunidad, mayor inseguridad. No como opinión, sino como correlación empírica documentada en 69 países.
Hay además una razón pragmática para que Sheinbaum tome distancia nítida del legado de corrupción de su antecesor: necesita el espacio político para gobernar. Mientras los escándalos del obradorismo sigan sin resolverse –sin sentencias, sin inhabilitaciones, sin costos reales–, cualquier falla de seguridad le será achacada a ella aunque la raíz sea anterior. Desactivar ese lastre no es traicionar la llamada transformación. Es la única manera de que la transformación, si existe, tenga credibilidad.
Vale recordar de dónde viene el voto que llevó a AMLO al poder en 2018: de una ciudadanía harta de décadas de corrupción priista, de la Casa Blanca, de Odebrecht, de la Estafa Maestra. Esa misma ciudadanía demostró que sabe castigar en las urnas cuando la traicionan. Si Morena no resuelve lo que el PRI tampoco resolvió, la factura llegará con la misma puntualidad. La gente no se cansa de los partidos. Se cansa de los corruptos que los habitan.
La pregunta obligada es si Sheinbaum entenderá que heredó una deuda que no se paga con discursos sobre la transformación ni con datos de homicidios. Se paga con fiscales que persiguen, con jueces que sentencian en tiempo razonable, con inhabilitaciones que impidan que quien roba regrese a robar. Por lo pronto, los ciudadanos lo saben aunque sus gobernantes todavía no terminen de aprenderlo: la corrupción no es un problema más. Es el problema.
X: @GarciaJJavier