Las responsabilidades
- El Estatuto General de la UNAM establece las obligaciones generales de integridad de la comunidad.
- El Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública protege los datos personales y secretos resguardados por la institución.
- El Reglamento de Responsabilidades Administrativas define las faltas del personal y funcionarios de la institución.
Está claro entonces que la legislación universitaria sí sanciona el manejo indebido de información confidencial, como el examen de admisión a bachillerato o licenciatura. Es motivo de responsabilidad administrativa, laboral y académica, y para esta conducta contempla medidas que van desde amonestaciones y la anulación de actos o documentos, hasta la rescisión de contrato o expulsión.
Para el manejo inadecuado de información confidencial o clasificada como es el propio exámen de admisión, las normas internas de la UNAM contemplan:
- Alumnos: Nulidad absoluta de exámenes, títulos, diplomas o grados académicos obtenidos mediante irregularidades o ayuda fraudulenta, además de la expulsión en casos graves de falsificación de documentos escolares.
- Para Funcionarios y Empleados: Sanciones administrativas por uso ilícito de datos personales o divulgación negligente/dolosa de información clasificada, las cuales incluyen amonestaciones, suspensión temporal, destitución del cargo o rescisión del contrato laboral según la gravedad y la reincidencia
Anular el examen
El artículo 5 del Estatuto general de la UNAM establece:
“La Universidad otorgará el certificado, diploma, título o grado correspondiente a las personas que hayan concluido los ciclos de bachillerato, técnico especializado, técnico profesional, licenciatura o de posgrado, y satisfecho, además, las condiciones que fijen los reglamentos respectivos. Los que no hubieren concluido algunos de los ciclos mencionados, tendrán derecho a recibir un certificado de los estudios que hubieren aprobado.
Asimismo, la Universidad podrá declarar la nulidad absoluta del certificado, diploma, título y/o grado obtenido indicados en el párrafo anterior cuando no se cumplan los requisitos establecidos por la normatividad aplicable a cada caso concreto.
La nulidad declarada conforme a este artículo extenderá sus efectos a las consecuencias derivadas del acto anulado, sin necesidad de hacer declaración específica de los mismos.
La UNAM puede, ahora sí, anular un título o certificado expedido si descubre una conducta fraudulenta para obtenerlo. Bajo el principio jurídico de que quien puede lo más puede lo menos, si puede anular cualquier certificado de estudios, también puede anular su propia carta de aceptación a un aspirante al nuevo ingreso si esta derivo de un examen viciado.
Para los funcionarios
Si se comprueba la filtración del examen de admisión a nivel licenciatura por negligencia o dolo, los implicados que sean funcionarios o empleados de la UNAM enfrentarían consecuencias administrativas, laborales y hasta penales.
- Sanciones Administrativas. El Reglamento de Responsabilidades Administrativas contempla la destitución del cargo e inhabilitación temporal para ejercer empleos públicos de 1 a 20 años. El uso ilícito o difusión de información confidencial es catalogado como una falta grave. El examen de admisión es, por supuesto, información confidencial.
- Consecuencias Laborales. La UNAM puede aplicar la rescisión inmediata del contrato de trabajo sin responsabilidad para la institución, debido a la pérdida de confianza y violación de los principios de probidad y honradez.
- Acción Penal. Al tratarse de la sustracción o revelación de un documento oficial resguardado por una institución pública, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNAM puede interponer denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra el servicio público, que conllevan penas de prisión.
El contrato
La información pública sostiene que la UNAM evalúa aplicar una multa contractual de hasta 4.18 millones de pesos contra la empresa proveedora de la plataforma por fallas en la seguridad de los reactivos. El fundamento de la multa estaría en el propio contrato, cuyo monto estaría entre los 41 y los 100 millones de pesos, pues una de sus clausulas contempla una multa, por incumplimiento, de hasta el 10% del valor del contrato; un monto que parece menor de acuerdo al costo que la UNAM ya paga por un experimento fallido.
El acuerdo celebrado entre la UNAM y la empresa tecnológica Territorium Life S.A.P.I. de C.V. para la aplicación del primer examen de admisión digital a licenciatura detalla obligaciones estrictas de ciberseguridad, resguardo de reactivos y supervisión automatizada, a cargo de la empresa.
El blindaje del examen exigió a la empresa el cumplimiento de cláusulas de vigilancia y control sustentadas en herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y restricciones del sistema:
- Bloqueo del Entorno Digital: Uso forzoso del navegador de seguridad LockDown Browser para inhabilitar aplicaciones externas, pausar la función de copiado/pegado y bloquear cualquier proyección o captura en pantallas externas.
- Supervisión Biométrica y por IA: Monitoreo constante en segundo plano mediante análisis de patrones, detección de conductas sospechosas en el entorno del aspirante y emisión de alertas de anomalías en tiempo real.
- Monitoreo Humano Proporcional: Disposición obligatoria de un supervisor humano por cada 150 aspirantes destinados a validar las alertas de fraude generadas por la IA, con facultades de anular pruebas de inmediato.
- Resguardo de Propiedad Intelectual: Obligación estricta de resguardar los reactivos y el banco de preguntas para mitigar cualquier riesgo de fuga o filtración informativa.
Penalizaciones Contractuales por Incumplimiento
De confirmarse fallas tecnológicas o negligencia en cualquiera de estos 16 puntos incluidos en el contrato, las consecuencias financieras y legales integradas en el acuerdo comercial estipulan:
- Multa del 10%: Una sanción económica equivalente al 10 por ciento del valor total devengado para el tramo de licenciatura (monto fijado en 41 millones 868 mil pesos), lo que se traduce en una penalización de hasta 4 millones 180 mil pesos.
- Responsabilidad Penal Adicional: La multa no exime a la empresa de repercusiones legales. Ante el potencial dolo o vacío de seguridad, la UNAM ya interpuso denuncias penales ante las autoridades correspondientes por presunto fraude.
Las responsabilidades contractuales pactadas parecen menores en comparación con el costo en prestigio que la UNAM ha tenido que pagar por el desastre que resultó de la aplicación del examen en línea.
Preguntas sin respuesta
La academia, la sociedad y hasta el gobierno esperan ya que la UNAM resuelva y aclare qué ocurrió y dónde están las responsabilidades. Las dudas son varias pero muy concretas:
¿Quién decidió que el examen ingreso se aplicara en línea?
¿Por qué contratar una empresa externa cuando la UNAM tiene una Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia que ha elaborado cientos, si no es que miles de cursos y ha aplicado igual número de examenes en línea?
¿Cuál fue el área técnica de la UNAM que acompañó y supervisó el proceso con la empresa contratada?
¿Quién negoció un contrato con una penalidad tan baja para resarcir a la UNAM?
¿La oficina del abogado general y la Dirección de Asuntos Jurídicos no advirtieron la situación?
¿Acaso la UNAM simplemente entregó los reactivos a la empresa contratista y se desentendió del proceso?
¿Cuál fue la ruta y la custodia que siguió la información que integró el examen? Preguntas y respuestas que lo integraban.
¿Quién asignó el contrato millonario a Territorium Life?
¿Qué papel jugó la Dirección General de Administración Escolar en todo el proceso?
La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Dirección General de Administración Escolar, dependen de la Secretaría General de la UNAM, cuya titular, Patricia Dávila, una vez más ha brillado por su ausencia en todo este galimatías que agobia a la UNAM.
X: GarcíaJJavier
javiergarcia@tumanzana.press