El fenómeno de los llamados franeleros —quienes controlan de facto espacios de estacionamiento en la vía pública a cambio de dinero— ha vuelto a escalar como problema público. No sólo por su presencia, sino por la forma en que operan: cobros obligados, intimidación, daños a vehículos e incluso agresiones físicas.
Pero el punto no es únicamente el abuso. El punto es lo que revela: una forma paralela de gobierno del espacio público. Porque cuando alguien no puede estacionarse sin pagar a un actor informal, lo que está ocurriendo no es sólo una infracción administrativa. Es la evidencia de que el Estado ha cedido, total o parcialmente, el control de ese territorio.
Formalmente, la Ciudad de México ha endurecido su postura. El Congreso local reformó la Ley de Cultura Cívica para sancionar con multas elevadas y hasta 36 horas de arresto a quienes aparten lugares o cobren por ellos. Incluso desde el gobierno de Clara Brugada se ha insistido en que el espacio público no puede ser objeto de control privado ni de extorsión. Y, sin embargo, el fenómeno persiste.
¿Por qué? Porque entre la norma y la realidad existe un espacio intermedio: el vacío de aplicación. Los datos muestran una aplicación desigual: mientras algunas alcaldías han alcanzado miles de remisiones, otras prácticamente no registran acciones.
Y en ese vacío —no en la ley, sino en su ejecución— es donde surgen estos actores.
El problema se vuelve más delicado cuando se observan indicios de tolerancia institucional o posibles arreglos informales. Testimonios ciudadanos señalan que elementos policiales conocen a quienes operan en determinadas zonas y no intervienen de manera efectiva. Al mismo tiempo, en distintas alcaldías se han documentado casos de franeleros vinculados con delitos como extorsión, amenazas o incluso redes más amplias de control territorial.
Y desde el propio Congreso capitalino se ha advertido que detrás de esta práctica existe un “bisne de quién sabe quién”, es decir, una estructura no visible que permite y reproduce este control informal del espacio público. No hay evidencia sistemática de concesiones legales formales. Pero sí hay algo más relevante políticamente: la percepción social de que hay protección, tolerancia o acuerdos informales. Y en política, la percepción también es poder.
La ciudad como territorio disputado
Desde la teoría urbana, este fenómeno no es nuevo. El sociólogo francés Henri Lefebvre planteaba que la ciudad no es sólo un espacio físico, sino un campo de disputa por su uso y control. El “derecho a la ciudad” implica que el espacio público debe ser accesible y gobernado colectivamente. Cuando ese espacio se privatiza —aunque sea informalmente— lo que ocurre es una fragmentación del orden urbano. Por su parte, la teoría de la “gobernanza de vacíos” (derivada de enfoques institucionales contemporáneos) sugiere que allí donde el Estado no regula eficazmente, emergen actores que llenan ese vacío, estableciendo reglas propias.
Eso es exactamente lo que ocurre en la CDMX. Los franeleros no son sólo individuos aislados. Son parte de un orden informal que sustituye al orden formal cuando éste no se ejerce plenamente.
Lo que vemos no es anarquía, es un orden en la ilegalidad, donde hay control de zonas, tarifas implícitas, actos de coerción y tolerancia o complicidad de la autoridad. En términos políticos, esto es fundamental: el poder no desaparece, se redistribuye. Cuando el Estado no actúa, otros actores ocupan su lugar. Y esa ocupación no es neutral. Genera desigualdad, arbitrariedad y pérdida de derechos.
La paradoja del gobierno urbano
La administración capitalina puede mostrar avances en indicadores agregados —seguridad, programas sociales, infraestructura—, pero enfrenta una contradicción estructural: gobierna la ciudad en lo macro, pero no siempre en lo micro. Y es en lo micro donde el ciudadano forma su percepción del poder. No con los informales o con las estadísticas, sino en la experiencia cotidiana de poder usar —o no— el espacio público.
Leer el poder: lo que la calle realmente dice
El fenómeno de los franeleros no es, en el fondo, un problema de movilidad. Es un problema de autoridad y legitimidad. Porque revela tres cosas: (1) Que la ley existe, pero no se aplica de manera homogénea, (2) Que hay espacios donde el Estado no ejerce control efectivo (3) Que actores informales pueden sustituir funciones públicas. Y eso tiene implicaciones profundas. Una ciudad donde el espacio público se negocia no es sólo una ciudad desordenada. Es una ciudad donde el poder está fragmentado.
La Ciudad de México no está fuera de control. Pero sí muestra signos claros de gobernanza incompleta. Porque al final, gobernar una ciudad no es sólo legislarla. Es ejercerla.
Y eso, como siempre, se puede leer en la calle.
Gerardo Jesús Leal Uribe
Socio de Factométrica y doctorante en ciencias políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Correo: leal73@gmail.com