La encuesta de El Financiero publicada en abril dejó un número que debería quitarle el sueño a Clara Brugada: 80% de los capitalinos tiene una opinión negativa sobre su manejo de la corrupción. No es el indicador más vistoso –ese lugar lo ocupa la inseguridad, que 59 por ciento señala como el principal problema de la ciudad–, pero es el más revelador. Porque la corrupción no es un accidente de gestión. Es una decisión.
El 30 de abril, Día de la Niña y el Niño, miles de familias se congregaron en el Zócalo para ver a 31 Minutos, el exitoso elenco chileno de humor y música. El espectáculo fue gratuito, masivo y fotogénico. También costó 14 millones 778 mil 280 pesos del erario capitalino, pagados a OCESA Promotora mediante adjudicación directa, sin concurso, sin licitación pública, sin competencia.
El expediente del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de Cultura –en manos dl que esto escribe– revela la anatomía del negocio. La sesión extraordinaria para aprobar el pago se convocó a las 20:00 horas del 29 de abril, habilitando horas inhábiles mediante un acuerdo firmado dos días antes. Es decir: el subcomité sesionó en la noche del martes para autorizar un gasto cuyo evento estaba programado para el miércoles siguiente.
Mientras los funcionarios deliberaban, el equipo de sonido, iluminación y estructuras ya se estaba instalando en la plancha del Zócalo. La aprobación fue, en los hechos, un trámite para legitimar lo que ya estaba decidido.
¿Quién impulsó la contratación? Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios e hijo del ex diputado federal Pablo Gómez. Su firma aparece en el oficio de solicitud, en la justificación ante el subcomité y en el anexo técnico. Fue el área requirente, el administrador del contrato y, según el propio expediente, el responsable de supervisar que OCESA cumpliera con los servicios adjudicados. Juez y parte en una operación de casi 15 millones de pesos.
La justificación para eludir la licitación pública descansa en el artículo 54, fracción I, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal: exclusividad. El argumento es que 31 Minutos es una obra artística protegida por derechos de autor, y que OCESA es la única empresa con facultad para gestionarla. Lo cual es técnicamente cierto y políticamente conveniente: basta con elegir un espectáculo con representante exclusivo para que la adjudicación directa quede blindada por la ley. No es un hallazgo. Es, según fuentes al interior de la dependencia, una práctica que se ha vuelto costumbre en la Secretaría de Cultura. La hija de Ernestina Godoy, Mariana Gómez Godoy, figura entre quienes han resultado beneficiados por este mecanismo en contrataciones previas de la misma dependencia. Quien fuera subdirectora en la Secretaría de Gobernación el sexenio pasado, ahora es Directora General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural
y es de las que más gastan y todo por adjudicación directa.
El gobierno de Brugada presume que los apoyos sociales son su activo mejor evaluado, con 69% de aprobación, según El Financiero. Los conciertos y eventos públicos también suman puntos: 51 por ciento de opinión favorable. El problema es lo que sucede detrás del telón. Cada espectáculo gratuito tiene un precio y ese precio lo paga la ciudadanía dos veces: una en el presupuesto, otra en la confianza.
Mientras el Zócalo se llenaba de familias el 30 de abril, la Ciudad de México acumulaba, en lo que va de 2026, casi mil reportes de personas desaparecidas. Más de 300 siguen sin ser localizadas. La alcaldía con mayor incidencia es Iztapalapa, con casi 200 casos; le siguen Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Casi la mitad de las víctimas son mujeres, y el grupo de edad más afectado es el de 15 a 19 años. Son datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no de la oposición.
No es casualidad que las alcaldías con mayor percepción de inseguridad –Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Iztacalco, Gustavo A. Madero– sean todas gobernadas por Morena. La misma encuesta del INEGI que registra 61.5 por ciento de capitalinos que se sienten inseguros en su ciudad confirma que el miedo se concentra precisamente donde el partido en el poder lleva más años administrando.
La corrupción y la inseguridad no son problemas paralelos en la Ciudad de México: son el mismo problema visto desde dos ángulos. Uno drena los recursos que deberían llegar a las colonias; el otro es lo que queda cuando esos recursos nunca llegan.
El Zócalo es el escaparate. Las colonias son la realidad. Y mientras el gobierno capitalino afina la producción del siguiente espectáculo, en alguna alcaldía gobernada por Morena una familia espera noticias de alguien que no regresó a casa. Eso también es la Ciudad de México en 2026, aunque no salga en las fotos.
POR LAS CALLES…. Roberto Javier Gómez Gómez, de la Planilla Azul, ganó las elecciones del SNTISSSTE con 53 por ciento de los votos –más de 32 mil sufragios de 61 mil trabajadores participantes– y sustituirá a Norma Liliana Rodríguez Arguelles al frente del sindicato para el periodo 2026-2030. La Planilla Blanca, encabezada por Mario Ordaz Santos, obtuvo poco menos del 40 por ciento y anunció movilizaciones en el Monumento a la Revolución para impugnar los resultados. El director del ISSSTE, Martí Batres, felicitó al ganador e invitó a la nueva dirigencia a continuar la transformación de la institución. El XIX Congreso Nacional Ordinario, previsto para el 21 al 23 de mayo, será el escenario donde Gómez Gómez rinda protesta y reciba la toma de nota que le otorga representación legal sobre más de 75 mil trabajadores de base. Se estima que varios dirigentes de la Planilla perdedora buscarán refugio en organizaciones sindicales independientes –entre ellas el SINPATISSSTE y el SNADETISSSTE, encabezados por Hilario Ramírez Chávez y Rubén Eugeni Alvarado Manríquez– para conservar sus licencias sindicales con goce de sueldo y evitar así tener que regresar a sus centros de trabajo.